Preocupadas por la gestión política, ven necesario blindar el área social
La crítica al funcionamiento del Concello de Ourense en la gestión de las ayudas a los colectivos sociales no es exclusiva del delegado de Cáritas, Ángel Mirón, sino que los responsables de otras ONG que ejercen su labor en la ciudad constatan también que los problemas de gestión están condicionando el trabajo y la planificación que deben realizar para ayudar a los más necesitados.
La preocupación por la imposibilidad de aprobar un presupuesto actualizado que dé carpetazo a las cuentas que se han venido prorrogando desde 2014 o la excesiva burocracia a la que se someten las organizaciones para recibir las ayudas son algunos de los lamentos expresados por los responsables de entidades sociales, que piden a toda la Corporación municipal un esfuerzo, dejando claro que no quieren ser parte del debate político ni entrar a dirimir las responsabilidades de la situación. "Que se arreglen porque somos víctimas colaterales", el lamento generalizado de los colectivos.
Entre estos se encuentra la Asociación Aixiña, cuya presidenta, Olga Cuña recuerda sus palabras de hace meses a este periódico sobre la preocupación por las complicaciones para aprobar la modificación de crédito necesaria para salvar el área social.
"Estamos notando retrasos en algunos pagos que son muy importantes, claro que nos afecta la situación y el día a día se nos complica aunque estemos acostumbrados a trabajar bajo mínimos. Pero necesitamos planificar, alguien tiene que poner cordura", afirma.
Por su parte, la presidenta de Afaor (Asociación de Alzhéimer), Mariló Neira, apunta que "toda esta polémica no nos favorece nada", recordando además "como las subvenciones han ido disminuyendo desde hace tiempo". Neira recuerda que en cuestiones sociales, "no importa quién esté a la cabeza, porque las necesidades están ahí siempre", asegurando que "estoy muy preocupada por lo que pasará".
Otra de las entidades que realiza un impagable labor, como es el Banco de Alimentos, también nota los efectos de la lentitud administrativa. "Aún no cobramos los convenios de 2016 y 2017 y como se siga dilatando la cosa habrá un riesgo, porque asumimos unos costes muy elevados. No queremos depender 100% del dinero público,pero si hay algo comprometido lo normal es pagarlo", destaca el presidente, Cecilio Santalices.
Mientras, en la Asociación para a Prevención e Educación Social (Apes), su responsable, Raquel Crespo, aunque apunta que la entidad "no recibe una subvención nominativa", sí censura que los plazos de las convocatorias para repartir ayudas por concurrencia competitiva no se respetan como antes. "En los últimos años está saliendo muy tarde la resolución, lo que provoca un caos a nivel burocrático, la gestión podría ser mucho mejor", concluye.
