Operación Zamburiña: de 100 años a cero en seis sesiones

Los policías acusados, en primer término, y por detrás el resto de inculpados. // B. Lorenzo
photo_camera Los policías acusados, en primer término, y por detrás el resto de inculpados. // B. Lorenzo
La sala no aceptó ningún perito y testigo de la fiscal y los acusados solo contestan a sus abogados

El juicio de la Zamburiña por tráfico de drogas, revelación de secretos, omisión de perseguir delitos y pertenencia a grupo criminal  comenzó el día 11 de este mes con grandes números: 13 acusados y peticiones de prisión que sumaban 100 años de cárcel. Hoy abandonarán la sala de vistas con una sentencia absolutoria bajo el brazo y en solo seis sesiones.

La Audiencia de Ourense dejará hoy previsiblemente zanjado el asunto. La vista que, según el cronograma inicial se iba a extender hasta la última semana de febrero, acabará con una versión reducida. A la sexta (sesión) se da por concluido el proceso judicial que puso patas arriba la Comisaría de la Policía Nacional y que, al llegar a la sala de vistas de la Audiencia de Ourense, se ha desmoronado tal cual castillo de naipes.

Los 109 testigos y 26 peritos que estaban contemplados al inicio se han quedado en nada. La sala no admitió la versión reducida del ministerio público para poder seguir acusando tras la decisión del lunes del tribunal de anular todas las escuchas telefónicas que dieron lugar a la imputación de 13 investigados, cuatro de ellos agentes del exgrupo de Drogas de la comisaría de la Policía Nacional  en el año 2015.

La fiscal Pilar Manso, pese al aldabonazo, no renunció a seguir con el juicio, aunque fuese en un formato light. Arrancó su intervención con su protesta por la nulidad de los pinchazos en delitos que tildó de "graves". "Vulnera la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con todas las garantías así como utilizar los medios de prueba pertinentes por parte de la fiscalía para sostener la acusación en ejercicio de los derechos e intereses generales  de la sociedad, entendiendo que la cantidad de droga aprehendida no puede quedar impune", aseguró.

Pese a que pretendió traer a juicio como testigos a agentes de Asuntos Internos que dirigieron la investigación y otros más, la sala, tras pensárselo unos minutos, no aceptó a ninguno al entender que todo sale del mismo cajón: las escuchas que desde marzo de 2015 hasta octubre de ese año realizó la unidad policial que investiga la corrupción en el seno de las fuerzas de seguridad. "Todas las pruebas de las que se pretende valer el ministerio fiscal tienen una relación directa y están íntimamente conectadas con las escuchas", aseguró la magistrada ponente, Ana del Carmen Blanco Arce. Reconoció que en este caso es difícil hacer una línea roja entre lo que surge y no de las conversaciones grabadas. "Todo surge de las investigaciones  llevadas a cabo por Asuntos Internos a raíz de un anónimo y unos indicios que no tenían categoría",  matizó.

Tres de los policías contestaron solo a preguntas de sus abogados para dejar constancia de su "inocencia"

La fiscal quedó desarmada en un juicio en el que no quedó probado ningún extremo de su escrito de acusación inicial. Y, aunque solo le quedó el interrogatorio de los 13 acusados, estos, a través de sus abogados, aseguraron que solo iban a contestar a las preguntas de sus defensas o renunciaban a declarar (cinco de ellos).

Comparecieron cuatro, tres de los policías acusados y Francisco Javier C.G., con una intervención reducida, como todo en este juicio desde que entró a la sala de vistas y se tumbó la investigación. La declaración de Felipe M.A., un agente del grupo de drogas que tras su detención adelantó su jubilación, sirvió para dejar claro que "nunca trafiqué con drogas, ni revelé secretos, ni dejé de perseguir delitos". Su compañera Mercedes  C.G. , jubilada desde 2018,se reiteró en lo mismo.  Se declaró inocente de todos los cargos y circunscribió sus actuaciones al "ámbito estrictamente profesional" y no permitió traficar con droga ni reveló número de matrículas a narcotraficantes.  El único agente imputado que está en activo, José Antonio R.F., para quien solo se pedía multa por revelación de secretos, negó el delito imputado.

La sesión concluyó con la mini declaración de Francisco Javier G.C., "Pelao", negando la pertenencia a grupo criminal y el tráfico de drogas.

La sesión continúa hoy con otra sesión edulcorada; el interrogatorio breve de alguno de los acusados y la exposición de los informes de las partes. La fiscal en su informe final debe decidir si mantiene la acusación inicial y las consiguiente petición de penas. 

En este ocasión, pocas veces ocurre así, los 13 acusados asistirán a la última sesión sabiendo que serán absueltos por la Audiencia.  Aunque, claro, la fiscal recurrirá al Supremo para reclamar un nuevo juicio. La Zamburiña, que comenzó en 2014 con un robo de armas, en la comisaría que después se disgregó en otra causa, aun tiene recorrido. 

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