Con un gobierno formado por solo tres concejales en una Corporación que tiene 27 ediles y pese a no ser capaces el resto de grupos de ponerse de acuerdo para articular una alternativa, la oposición puede tener mucho que decir en la gestión del Concello de Ourense pese a que la legislación por la que se rigen las entidades locales recoge unas extensas atribuciones tanto para el alcalde como la junta de gobierno. "A marxe é moi pouca en moitos aspectos para a oposición, porque así se establece na lexislación. A solución más adecuada sería a moción de censura", señala un especialista en administración local.
Pese a ese salvavidas que le sirve a Jácome para atornillarse en su sillón del consistorio y prometer "que esta ciudad la damos sacado adelante sin ningún problema tres personas", la realidad muestra que ya se ha puesto coto a las intenciones del alcalde ourensano, parándole los pies con la elección de un nuevo director general para su gobierno, sin que Jácome haya incluido el asunto en el orden del día de la sesión plenaria que se celebra hoy.
En este sentido, el visto bueno del pleno –por tanto, donde la oposición es clave para que determinados asuntos salgan adelante– será también imprescindible, entre otras cosas, para marcar la gestión presupuestaria, la aplicación de nuevas ordenanzas, desatascar el Plan Xeral de Ordenación Municipal o establecer la política fiscal.
Obligado a negociar
Con un presupuesto que apenas da margen para inversiones, al estar la mayor parte comprometida en personal o gasto corriente, el remanente de tesorería es fundamental a la hora de canalizar obras y proyectos. Para hacer uso de esos fondos, el gobierno de Jácome necesita sacar adelante desde junio modificaciones presupuestarias que requieren una aprobación plenaria, por lo que la oposición tiene fuerza para presionar sobre el destino del dinero, lo que complica la ejecución de las promesas lanzadas por el alcalde periódicamente, como un macroparque en A Ponte, el soterramiento en Concepción Arenal o una piscina infinita en Covadonga.
También tendrá que ceder el alcalde ourensano si quiere cambiar alguno de los impuestos municipales. Tras bajarse el IBI el anterior mandato, Jácome nunca ha ocultado su intención de reducir el impuesto de rodaje al mínimo posible. Sin mayoría para hacerlo, cualquier cambio requerirá que se ponga de acuerdo con otros.
La aprobación de ordenanzas también requiere el visto bueno de la mayoría del pleno, por lo que en normas en tramitación como la de veladores, las tesis que quiera implantar DO pueden ser amortiguadas por el resto de partidos.
En materia urbanística, mientras, los ourensanos continúan esperando, una década después, por un nuevo PXOM, documento que desde hace más de un año está preparado para su aprobación pero que está en el cajón del despacho de Alcaldía, dado que Jácome tiene entre ceja y ceja asuntos como el rascacielos o las torres junto al Miño. Sin embargo, su clara debilidad no le permite actuar unilateralmente y, sin el pleno, está condenado al fracaso.
En manos de Jácome
La ley habilita, por su parte, a la junta de gobierno local para llevar adelante asuntos como la contratación de concesiones, por lo que es responsabilidad única de Jácome acabar con la precariedad de servicios básicos obsoletos desde hace años, como el transporte público, o afrontar la renovación de otros como la limpieza viaria o recogida de basura.
La concesión de licencias, expedientes de contratación de obras y servicios o acelerar el pago de facturas pendientes son otros de los deberes que tiene el gobierno a tres de Jácome.
PSOE y BNG buscan elevar la presión sobre el alcalde
PSOE y BNG tratan de elevar la presión sobre el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, con la presentación de dos mociones por la vía de urgencia para abordar en el pleno de hoy, a raíz de los últimos acontecimientos polémicos surgidos alrededor de la figura del regidor.
Por parte de los socialistas, la intención es instar de nuevo a todos los grupos políticos a llevar adelante una moción de censura. "Que máis ten que pasar?", se pregunta el PSOE hablando de un alcalde de "sen escrúpulos, que degrada ó Concello" y al que acusan de no tener proyecto de ciudad. Los socialistas señalan al PP, instándoles a prestar al menos una firma de sus siete concejales.
Mientras, el BNG registró una iniciativa para reclamar que el Concello restituya el sistema de bolardos para controlar el acceso al Casco Vello, hablando de una "situación caótica" en la zona histórica.
La decisión de suprimirlos ha llevado a Jácome a ser investigado por la Fiscalía, por si hubiese cometido dos delitos. Además de esto, los nacionalistas ven necesario que haya un sistema alternativo de vigilancia a los bolardos. "Estanse a favorecer as condicións para que haxa atropelos", dicen.
El regidor retiene más concejalías en un nuevo ajuste con las áreas
Pese a contar únicamente con dos concejales en su gobierno, el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, firmó ayer un nuevo decreto para reajustar el reparto de las áreas con Armando Ojea y Telmo Ucha. Este último, tras estar de baja varias semanas, asumirá muchas menos responsabilidades que las que tenía antes de ser hospitalizado por el covid. "É unha pequena restruturación para ser máis eficaces", aseguró el alcalde.
De esta forma, Jácome suma más concejalías a su amplio abanico de responsabilidades, al conservar en septiembre las áreas que manejan un mayor presupuesto. Así, a Infraestructuras, Perímetro Rural y Medio Ambiente, Urbanismo, Vivienda y Patrimonio, Cultura y Deportes, el regidor incorpora Participación Ciudadana, Juventud y Voluntariado, Turismo y Termalismo, Servicios Generales, Transparencia y Sistemas de la Información.
La distribución deja ahora a Telmo Ucha al frente del área de Política Social, Igualdad y Salud, Seguridad Ciudadana, Comercio y Movilidad y Transporte, por lo que entre sus responsabilidades estará guiar la complicada renovación del transporte público o aplicar las políticas pra ayudar a los más desfavorecidos.
Armando Ojea, por su parte, mantiene las competencias de Recursos Humanos, Facenda, Educación, Promoción Económico, Recursos Europeos y Formación Ocupacional.
Tal y como marca la normativa, el cambio en la distribución de áreas será puesto en conocimiento del pleno y la junta de gobierno local en la primera sesión que se celebre, además de ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Según Jácome, este será el reparto definitivo hasta el final del presente mandato.
