La sociedad ourensana se enfrenta al segundo estado de alarma en siete meses. Este, con características específicas. Al magistrado ourensano Alfonso Villagómez Cebrián, el experto jurista que no respaldó en agosto medidas restrictivas en la comunidad de Madrid, en donde ejerce en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 14, por no estar amparadas en el estado de alarma, le preocupa la larga prórroga de esta medida extraordinaria, prevista en el artículo 116 de la Constitución, a la que tilda de "chapuza" y "sin control suficiente".
"Corremos el riesgo de que el estado de alarma se instale en el funcionamiento habitual de las administraciones con el consiguiente peligro para el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades, ya de por sí amenazados por las medidas de control y seguimiento de la pandemia". En cuanto a la limitación de movilidad, confía en que haya "profesionalidad y proporcionalidad". Y recuerda que "no hay habilitación legal suficiente para sancionar, tal como ocurrió con las multas del anterior estado de alarma".
El presidente de Colegio de Médicos, José Luis Jiménez, aprueba un estado de alarma que "nunca se debió haber abandonado, como en Italia", ya que considera que es el "marco más rápido para hacer restricciones sanitarias sin problemas jurídicos. En Italia no se desactivó y se fue modulando". Cree que el toque de queda será útil "porque la mayor parte de casos surgen en reuniones sociales", aunque las limitaciones legales "no son suficientes" y deben ir acompañadas de "responsabilidad". Otra preocupación: "Las personas sin techo tienen difícil hacer aislamientos sociales".
María Tabarés, directora de Cáritas, cree que la situación es "preocupante" y teme "el agravamiento de la pobreza energética con la llegada del invierno, tras el estado de alarma viene lo demás".
El empresariado teme lo peor. Marisol Nóvoa, presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense, apunta que "la situación de pequeños empresarios y autónomos es muy crítica". La previsión hasta mayo es "un plazo muy largo, hay gente muy desesperada y no saben cómo y cuándo van a poder trabajar".
A Camila Rodríguez, portavoz del colectivo de autónomos AUPA, le preocupa la duración de este instrumento jurídico: "Parece una barbaridad". De cara a Navidad, teme una "ruina económica". Recuerda que en su colectivo "no queremos limosnas, queremos trabajar" y ve factible "cerrar Galicia y dejar hacer vida dentro".
El plazo de seis meses parece "excesivo" a una sociedad ourensana que teme duras consecuencias
Uno de los colectivos más golpeados será, de nuevo, la hostelería. "Van a quedarse muchas cosas por el camino, a nivel de la provincia, comunidad y país", augura Ovidio Fernández, presidente de la Federación Provincial de Hostelería. Tatiana González, vicepresidenta de Véxote nos Viños, relata que "nós están asfixiando, só co tema da terraza en inverno é moi complicado reflotar", y espera recuperarse: "Mellorará co tempo e co bo clima, pero tardará en ser o que era".
Para Álex Castro, de la Asociación de Hostalaría e Restauración Ourensá, esta situación "no nos afectará demasiado", salvo "un poco" en los horarios. E insiste en sus peticiones: "Estamos esperando ayudas y compensaciones, permiso para trabajar en el interior y un equilibrio entre lo que trabajamos, generamos y pagamos".
Desde la política, Manuel Baltar, presidente de la Diputación, señala que "es una decisión previsible, fruto de la improvisación y la descoordinación y fracaso del tratamiento de la primera ola. Veremos si el Gobierno cumple responsablemente con la cogobernanza. A nivel individual, hay que llamar a la corresponsabilidad. Esto no se ha superado, como había dicho el Gobierno. Vamos a poner a prueba lo mejor de nosotros".
Noa Presas, del BNG, cree que el estado de alarma debe ir acompañado de "apoio económico aos sectores afectados e reforzo sanitario, por si só non vai resolver nada". Marina Ortega, del PSOE, defiende que aporta "seguridade xurídica" y pide, eso sí, un "soporte urxente" a la provincia, con ayudas directas de la Xunta: "As restricións deben ir acompañadas de recursos".
Por último, Xosé Carlos Valcarácel, alcalde de Barbadás, uno de los concellos en alerta roja por la incidencia covid y que más está sufriendo las consecuencias, apoya el estado de alarma y cree que "conseguirá evitar as reunións sociais", pero exige "axudas para a hostalería".
