El exalcalde de Arnoia, Rogelio Martínez, reconoce que la denominación fue "pomposa".La Audiencia deja fuera del proceso a siete de los once investigados porque prescribieron los delitos
Rogelio Martínez, exdelegado de la Xunta y exalcalde de Arnoia, declaró ayer en la Audiencia provincial de Ourense, casi 13 años después de la interposición de la denuncia, para responder por la acusación de malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones que le imputa la Asociación para o progreso de O Ribeiro, ligada al PSOE. Todo ello bajo el paraguas de las irregularidades detectadas por Agader en la gestión de las ayudas que recibió el Centro de iniciativas para el desarrollo del Val do Miño (Ceivam), una entidad pública-privada constituida el 23 de noviembre de 1993 de la que Martínez era el presidente y, según dijo, impulsor de la misma para "atraer inversiones para Arnoia, Cortegada y Castrelo de Miño" a través de fondos comunitarios.
Las alegaciones de prescripción planteadas por los abogados el lunes no sirvieron para alejar del banquillo al expolítico del PP. Tampoco a Pablo Fernández Loureiro, Emilio Aparicio y Gumersindo Álvarez Rodríguez. La sala, por contra, sí contempló la prescripción en el resto de imputados: Gumersindo Álvarez Martínez, Miguel Reza Paz, Alfredo Lázaro Gutiérrez, Severino Vieira, Ramón Souto Domínguez, Adrián Souto Prado y Carmen Gallego.
Al exalcalde de Arnoia le pareció interesante apoyar el proyecto presentado por la entidad Actuar S.L., cuyo administrador era Gumersindo Álvarez Rodríguez, para subvencionar una planta de tratamiento de biomasa en su concello. La acusación sostiene que, pese a que el proyecto incluía una nave, solo se reconstruyó un viejo galpón -edificado por la SAT O Carballo que utilizó antes esos terrenos públicos para producir humus- y tampoco se compró la maquinaria que se incluía en la certificación de obra. De hecho, posteriormente debido a esos desajustes entre lo comprometido y lo realmente verificado hubo que reintegrar el dinero recibido al Ministerio de Agricultura tras una sentencia de la Audiencia Nacional.
Martínez reconoció en el interrogatorio que la denominación le venía grande al proyecto pero gracias a ella consiguieron el dinero (39.000 euros para sufragar un coste total de 78.000): "Fue demasiado pomposo llamarle planta de biomasa, pero era un buen nombre para conseguir subvenciones; con otro no se hubiera logrado". Ahora bien, aclaró que le consta que sí se ejecutaron trabajos para materializar el proyecto porque "en Arnoia non se movía nada que non vira eu" -la única frase en gallego-. La cuestionada "planta" tuvo actividad durante un tiempo: "Produjo estiércol con los residuos de los montes", explicó.
Ahora bien, derivó responsabilidades hacia otros imputados a la hora de explicar su papel. "Mi misión era buscar iniciativas para el plan Leader y revisar las actuaciones como presidente de Ceivam previo control de los que tenían ese papel encomendado, el gerente y responsable financiero", en alusión a Juan Emilio Aparicio y Pablo Fernández Loureiro. A estos últimos, según añadió, nunca le dio instrucciones sobre lo qué debían realizar.
Los dedos que apuntan al técnico
El resto de inculpados también derivó responsabilidades, salpicando al ingeniero Miguel Reza ( fue investigado), quien elaboró el proyecto, fue director de obra y emitió las certificaciones de la planta de biomasa.
Pablo Fernández Loureiro, responsable financiero de Ceivam, explicó que su misión era controlar los expedientes para que la documentación que requería Agader estuviera completa, desde la solicitud del promotor al pago final, así como la fiscalización contable. "El gerente es el que certificaba y yo daba conformidad a lo que él decía", explicó. Pero, según explicó, era el director de obra el que debía realizar las comprobaciones necesarias.
El gerente de Ceivam, Emilio Aparicio, aseguro que solo se encargaba de busca proyectos interesantes objeto de financiación europea y explicar los trámites. Acudía a ver las obras ejecutadas pero Reza era quien le daba los detalles. Según él, era muy normal entonces que las certificaciones fin de obra no recogieran las modificaciones incorporadas.
Gumersindo Álvarez, representante de Actuar SL, destacó que nunca medió en cuestiones técnicas y que la finalidad del proyecto "se cumplió perfectamente".
