El balance en Galicia fue de 6.436 denuncias, 751 más que en el año anterior
Galicia registró durante 2017 un total de 6.436 denuncias por violencia de género, 751 más que en el ejercicio anterior. No obstante, 406 víctimas, un 6% del total, renunciaron a esta medida, un porcentaje similar al de 2016.
De ello ha informado este miércoles la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, que ha presentado en la Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego de la Cámara el informe anual sobre la situación de la violencia de género en Galicia correspondiente al año 2017.
Según ha explicado López Abella, el incremento de denuncias refleja que los dispositivos y medidas puestas en marcha por el Ejecutivo gallego hacen "dar el paso" a denunciar a las víctimas. Así, por orden, las provincias en las que más denuncias se registraron fueron Pontevedra (2.518) y A Coruña (2.442), seguidas de Ourense (747) y Lugo (729).
En su intervención, la titular de Igualdade también ha dado cuenta del número de ordenes de protección. En concreto, ha apuntado que se produjeron un total de 1.928 peticiones, 235 más que en 2016. De ellas, fueron adjudicadas 1.284, el 67%, y se denegaron 631.
VÍCTIMAS
La secretaria xeral de Igualdade ha ofrecido estos datos en una comparecencia en la que ha recordado que en 2017 se registraron tres víctimas mortales. En concreto, fueron asesinadas dos mujeres en O Carballiño y Redondela, así como un niño de 11 años en Oza-Cesuras.
Al respecto, ha señalado que la Xunta se personó como acusación popular en el caso del asesinato del menor, toda vez que no obtuvo autorización para lo mismo en el caso de O Carballiño y que, en el de Redondela, el agresor también murió. De este modo, conforme ha señalado López Abella, el Ejecutivo autonómico se personó como acusación popular en 14 casos desde el año 2013.
Además, también ha señalado que los colegios de abogados gallegos iniciaron en 2017 un total 813 asuntos en materia de asistencia gratuita por violencia de género, que tuvieron un coste total para la Xunta de 86.300 euros.
MENORES AFECTADOS
En su intervención en la comisión, López Abella ha explicado que el año pasado hubo un total de 66 alumnos afectados por cambio de centro educativo derivados de 49 casos de violencia de género que afectaban a sus madres -en 12 de los casos había varios hermanos-.
A esta medida, ha añadido, se suman otras como la resolución de la Consellería de Política Social para el ingreso urgente en escuelas infantiles de los hijos de víctimas o mujeres que viven en casas de acogida, así como las acciones que el nuevo Plan de Conciliación y Corresponsabilidad de la Xunta contempla para dar servicio a las víctimas que están en un proceso judicial y deben dejar a sus hijos con personal especializado.
En el ámbito de atención a menores, la titular de Igualdade ha destacado las actuaciones derivadas del plan de actuación para la igualdad en centros educativos 2016-2020, en el marco del cual, como ha indicado, se ofertó una asignatura de libre configuración para abordar la perspectiva de género en la ESO y Bachillerato, así como un ciclo superior de género en Formación Profesional.
López Abella también ha dado cuenta de las actuaciones en materia de actuación psicológica. Así, ha señalado que la Xunta destinó en 2017 un total de 165.000 euros a ejecución de un programa en colaboración con el colegio de psicólogos en el que participaron 111 profesionales y del que se beneficiaron 830 personas. A mayores, un total de 84 hombres participaron de forma voluntaria en la iniciativa `Abramos o Círculo`, que trata a personas con problemas de conducta.
AYUDAS
Además de destacar las medidas e iniciativas de su departamento, ha dado cuenta de los datos de ayudas a la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género para el periodo 2016-2017. Según ha indicado, beneficiaron a un total de 527 mujeres en una primera etapa, de las cuales 85 consiguieron el objetivo de la inserción en el mercado laboral.
A mayores, en cuanto a las ayudas de prestación periódica, ha destacado que en el pasado año se beneficiaron 417 mujeres, unas 93 más que en 2016, De ellas, el 80,5% son de nacionalidad española y el 19,4% extranjeras.
A estos apoyos, conforme ha señalado, se suman otros como las ayudas de pago único, el procedimiento abreviado para recibir la Risga o el Fondo gallego de garantía de indemnizaciones, que en 2017 atendió a 12 casos en los que el maltratador no pasaba la pensión.
ANÁLISIS DE LA OPOSICIÓN
Tras la intervención de la titular de Igualdade, la diputada del BNG Olalla Rodil ha recordado que el menor fallecido en Oza-Cesuras era beneficiario de las medidas ofrecidas en los puntos de encuentro familiar por lo que ha preguntado a la Xunta sobre la valoración policial y las medidas adoptadas en estos puntos para prevenir este tipo de casos.
Al respecto, la titular de Iguadalde ha reconocido que los profesionales del centro que prestaba servicio a esta familia no habían detectado indicios que hiciesen "sospechar que se fuese a dar ese desenlace".
Además, también ha instado a la Xunta a prestar especial atención a la inserción laboral de este colectivo, así como a la igualdad en los centros de trabajo toda vez que el pasado 8 de marzo miles de personas salieron a las calles para reivindicar el fin de la desigualdad laboral por cuestiones de género.
En este ámbito también ha incidido el parlamentario de En Marea Marcos Cal, quien ha advertido de que la situación laboral de las mujeres "muchas veces incide en la dependencia que éstas tienen" de sus parejas.
El diputado también ha criticado que la secretaria xeral de Igualdade se "limitase" a ofrecer cifras pero "no analice el resultado de las campañas" puestas en marcha por su departamento y ha pedido a la Xunta que colabore más "con los colectivos feministas".
PSOE Y PP
Por su parte, la socialista María Pierres ha instado a la secretaria xeral de Igualdade a reivindicar ante el Gobierno central la dotación presupuestaria comprometida en el Pacto de Estado contra la violencia de género.
Y es que, según ha denunciado, el Ejecutivo estatal "incumplió" su compromiso de dotar a las comunidades autónomas de más de 100 millones de euros adicionales, además de otros 20 para los ayuntamientos para los próximos 5 años.
Por su parte, la diputada popular Marián García Míguez ha destacado el trabajo puesto en marcha por el Gobierno gallego en materia de lucha contra la violencia de género y ha afeado a la oposición que se refiriese a las manifestaciones registradas el pasado 8 de marzo en lugar de centrase en las medidas contra la violencia de género activadas en 2017.
