Los grupos acuerdan por unanimidad la necesidad de continuar mejorando los recursos termales
El concejal de Turismo y Termalismo, Jorge Pumar, avanzó ayer, en el primer pleno del curso político, las "gestiones" realizadas por el Concello y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para recuperar el sendero fluvial entre las termas de Outariz y Untes, cerrado desde hace años. El proyecto, según el edil, está presupuestado en 464.000 euros y "será estratégico para el impulso termal".
Pumar hizo alusión a esta iniciativa al final del debate sobre la moción presentada por Democracia Ourensana para reclamar la mejora de los accesos y zonas termales, que fue aprobada por unanimidad. El edil de DO Domingo Castro pidió "un maior mantemento diario dos viais e as termas"; el socialista José María García Tejerina "amplitud de miras y un giro de 180 grados al plan perfecto que vende el PP, que se desmorona al llegar allí", mientras Miguel Doval, de Ourense en Común, criticó que "os visitantes marchen decepcionados por unha sinalización deficiente".
Ante esto, Pumar defendió el trabajo "con los pocos mimbres que tenemos, cinco personas para toda la ribera del Miño", reconociendo que existe un "déficit" en la cartelería, pero destacando que la inversión en esta materia asciende desde mayo a más de 85.000 euros.
Por otro lado, también por unanimidad, se dio luz verde a un acuerdo con el que se quieren buscar alternativas para realzar otro de los símbolos de la ciudad, como el área de As Burgas, en concreto el Puente Murallón. DO, que planteó la moción, aceptó incorporar la enmienda socialista, que insta al gobierno local a pedir un informe a la Dirección Xeral de Patrimonio en el que se contemplen las posibles actuaciones sobre la infraestructura.
Pasarelas
También relacionado con puentes, se alcanzó un consenso entre los cuatro grupos políticos con el que se pretende que el Concello disponga de un inventario específico de las pasarelas que cruzan los ríos de la ciudad. "É unha cuestión complexa", recordó el concejal de Infraestructuras, José Araújo, en contestación a las críticas de los partidos de la oposición, que cuestionaban el mantenimiento de la mayoría de construcciones, como las de Outariz, centro comercial, Campus o estación de autobuses.
Rechazo a la urgencia
No prosperó, por su parte, la moción de urgencia tramitada el miércoles por el PSOE, que quería poner el foco en la sección de Disciplina Urbanística de la Concejalía de Urbanismo. La socialista Carmen Rodríguez Dacosta apeló a la "gravedad" de la situación de algunos edificios, "que se podría ver agravada por las últimas tormentas".
Sin embargo, la suma de los votos de PP y DO evitó el debate. El concejal de Urbanismo, José Cudeiro explicó que "es un tema importante, pero no urgente", igual que Gonzalo Pérez Jácome. El PSOE anunció que tramitará la moción para la próxima sesión plenaria.
La reforma fiscal, principal foco de tensión en el regreso a la actividad
El acuerdo entre PP y Democracia Ourensana de principios de agosto para inyectar 1,6 millones al área social y rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) un 20% en dos anualidades se convirtió en el principal tema de confrontación entre los grupos políticos en el regreso a la actividad municipal tras el descanso estival.
Ourense en Común planteó una moción con la que pretendía mostrar su malestar por dejar sobre la mesa los acuerdos alcanzados en la mesa de la reforma fiscal, que no se aplicarán tras el pacto PP-DO.
El portavoz de OUeC, Martiño Xosé Vázquez Mato, preguntó a la edil de Facenda, Ana Fernández Morenza, "que recortes haberá que facer no orzamento", al caer los ingresos en más de seis millones.
La popular aseguró que el impacto es "asumible" y defendió una bajada fiscal "que afecta al 80% de los vecinos". Morenza cargó contra OUeC y PSOE por "negar el apoyo a los necesitados", asegurando que ambos "perdieron la legitimidad para hablar de bienestar social".
En esa misma línea se pronunció el portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, que dijo que socialistas y marea "dejaron tirados a la gente, mientras nosotros resolvimos la situación", defendiendo asimismo la rebaja del IBI "para poner el dinero en el bolsillo de los ciudadanos".
Por su parte, el portavoz del PSOE, José Ángel Vázquez Barquero, señaló que PP y DO "comparten argumentos demagógicos", lo que demuestra, en su opinión, que "la escena de sofá no fue algo puntual o circunstancial, sino que tiene fundamento porque están muy cómodos". "Su acuerdo es pan para hoy y hambre para mañana", concluyó.
El debate, en corto
Cruce de reproches entre un dirigente vecinal y el alcalde: El presidente de la asociación de vecinos Carlasca, Arturo Rodríguez, intervino al final del pleno para criticar a la Corporación "por non crer na participación", lamentando además el incumplimiento de promesas en A Carballeira. El alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, le reprochó su "talante" y sus comentarios en redes sociales. Defendió las actuaciones de su gobierno en el barrio.
Luz verde a la Cuenta General y a actualizar el Inventario de Bienes:
El pleno sirvió para dar luz verde a dos asuntos de trámite, como son la Cuenta General del ejercicio anterior, que refleja toda la contabilidad del Concello y del Consello Municipal de Deportes, y la actualización del Inventario Municipal de Bienes y Derechos. Solo el PP votó a favor de ambas cuestiones, con la abstención en bloque de todos los grupos de la oposición.
Más cámaras de videovigilancia y apoyo a la feira do 21: El Concello analizará la viabilidad de instalar más cámaras de videovigilancia en la ciudad para proteger bienes públicos susceptibles de daños por vandalismo. Solo OUeC votó en contra, entendiendo que es un "sistema controvertido que merece un estudio profundo". Sí suscitó unanimidad apoyar a los impulsores de la feira do 21, que se recuperará en octubre.
Lucha contra el amianto a través de un plan integral: La propuesta socialista para llevar a cabo un plan integral de lucha contra el amianto en las edificaciones suscitó el apoyo de todos los grupos políticos. Se elaborará un inventario de inmuebles o habrá bonificaciones tributarias para favorecer su erradicación. Por otro lado, se rechazó una gestión directa de la Casa de Acogida, que presta ahora la Fundación Amaranta.
