Hace dos décadas que un pakistaní afincado en Rubiá, Muhammad Aslam, quiso traer a su hijo Yasin tras conseguir la nacionalidad al casarse con una leonesa años antes, con la que tuvo otros cuatro descendientes. Entonces, uno de los vástagos de su primer matrimonio en el país asiático tenía 17 años y muchas ganas de vivir un sueño de juventud: estudiar en alguna universidad española.
Pero los intentos del progenitor por instar una agrupación familiar encallaron en los silencios de la Administración, una situación de la que dio cuenta el diario La Región el 30 de mayo de 1999.
Veinte años después, el círculo, por fin, se ha cerrado. El Juzgado Contencioso-Administrativo 2 de Ourense obligó a la Subdelegación del Gobierno a conceder a Yasin Muhammad (39 años) la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano comunitario en un pleito que defendió la abogada ourensana María Álvarez Rodríguez. Con esa tarjeta en el bolsillo, que recogió el viernes 20 de diciembre, Yasin acaba de desplazarse a Pakistán para poder ver a su familia, algo que no le era posible desde hacía cinco años. Ya no tiene miedo: sabe que podrá entrar por Barajas sin ser detenido en el control de pasaportes. A partir de ahora, podrá cumplir un sueño de madurez: trabajar en un restaurante y promover una agrupación familiar para traer a su mujer y sus cinco hijos.
Yasin llegó a España como turista en 2015, con un visado de 90 días, residiendo de forma irregular a caballo entre Sarria, Rubiá y Madrid, en donde apenas en los últimos tiempos conseguía algo de dinero vendiendo flores por las noches.
El proceso para obtener la residencia como familiar de un ciudadano de la Unión Europea ha sido una carrera de obstáculos, recuerda su abogada, que culminó en vía judicial con un recurso cuando la Administración le denegó la tarjeta de residencia. Hubo que acreditar que Yasin dependía económicamente para poder subsistir de su progenitor pensionista, "el quid del asunto", y sus cuatro hermanos españoles, al carecer de fuentes de ingresos en su municipio, Randheer Teshil Kharian. Fue necesario aportar "un montón de documentación que nos era remitida a cuentagotas y que incluso había que traducir porque llegaba en urdú o en inglés", señala Álvarez Rodríguez.
La letrada aun recuerda cuando Yasin entró por la puerta de su despacho para hacer la consulta de cara a legalizar su estancia. Traía un ejemplar de La Región, "al que le tenía mucho apego, como si fuese un documento notarial", que le había entregado su padre con el reportaje firmado por José Cruz y que daba cuenta de sus develos para traer a España a uno de los cinco hijos de un matrimonio anterior .
"El periódico se aportó entre la documentación administrativa y en el recurso del juzgado para hacer un poco de impacto porque este chico ya había sufrido una situación injusta y 20 años después la administración de nuevo le estaba denegando algo a lo que tenía derecho", explica. "Jurídicamente no tiene valor pero, añade María Álvarez, me ayudó a hacer conciencia porque detrás de todas las cuestiones procesales o jurídicas hay personas, un dolor y una falta de empatía en esas dilaciones que provocan las administraciones. En 1999, ni siquiera le contestaron. En 2020, tuvo que ser un juez el que cerrase un círculo con 20 años de lucha en su interior.
