POLÍTICA LOCAL

Un nuevo revés para el abono de las facturas a proveedores

El sindicato SPPME alega contra partidas aprobadas, algo que Morenza ve un intento de "chantaje"

El desbloqueo del pago a proveedores, que había recibido luz verde en pleno con la aprobación de una modificación de crédito de 4,6 millones de euros para pagar las facturas pendientes en la cuenta 413, vuelve a paralizarse. Autónomos y pequeñas empresas de la ciudad tendrán que seguir esperando pagos por obras realizadas por una nueva vuelta de tuerca en las tensas relaciones políticas y sindicales existentes en el Concello de Ourense. 

El sindicato de policías locales SPPME ha presentado alegaciones contra la mayor parte del paquete de modificaciones de crédito aprobadas por el pleno, incluyendo los pagos a proveedores almacenados en la cuenta 413, pero también el plan de obras de más de 9 millones de euros o los convenios con las federaciones de comercio, que alcanzan los 39.000 euros. Además, también han recurrido la asignación aprobada para el pago de indemnizaciones judiciales o el Plan de Emergencias.  


CELERIDAD


Con este movimiento, ahora todo queda en el tejado de los técnicos pero también de los políticos, para evitar un nuevo embrollo que acaben pagando todos los ourensanos. 

Se salvan de la quema de la alegaciones del SPPME, los 53.000 euros consignados para el mantenimiento de la perrera municipal; los 174.000 euros de ayudas al plan de emergencia social, y los 219.000 euros para obras en la perrera. También se salvan de la parálisis los convenios con las federaciones de asociaciones vecinales, y los convenios con entidades culturas y la federación de Anpas públicas; así como los 2,2 millones que se habían aprobada para pagar una indemnización a un promotor inmobiliario. Por último, también se salvan las entidades sociales, cuya modificación de crédito de 268.000 euros no fue recurrida. 


"IMPROPIO Y DESHONESTO"


La concejala de Facenda, Ana Morenza, considera "impropio y deshonesto" lo realizado por el SPPME, y lo atribuye a un "chantaje" al Concello a costa de perjudicar "a los ciudadanos y el pequeño comercio". Todo obedece, dijo Morenza, a "caprichos interesados", y resaltó que confía "en la celeridad de los técnicos para resolver las alegaciones cuanto antes y que se pueda llevar a pleno otra vez antes de final de año". Si se logra resolver las alegaciones, se intentará llevar ya al pleno del 10 de diciembre. 

"¿Con qué derecho conculcan la soberanía popular, que reside en el pleno?", se preguntó Morenza, que resaltó que "no hay ninguna modificación que les afecte" y que solo buscan, y que con su acción "han bloqueado cualquier intento de diálogo con este gobierno". 

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