“Parece un culebrón, pero es una pesadilla"

photo_camera Edificio de la rúa Orcellón (MARTIÑO PINAL).
Pocos meses después de entrar a vivir les llegó una carta: su casa era ilegal. "Casi nos da un infarto", confiesan en la rúa Orcellón,donde no dan crédito a que sean ellos ahora que tengan que pagar su propio derribo. 

Ana Bravo vive en el edificio de la rúa Orcellón, 1. Debajo de ella y su marido viven sus suegros. Los querían tener cerca, por aquello de que los años no pasan en balde. Hoy viven en una completa incertidumbre. "Somos víctimas de una pelea entre constructores", ya que una empresa denunció a otra y todo se acabó yendo al garete al caer el PXOM. Firmé la hipoteca justo poco antes de la caída del plan. Antes fui al Registro y no había ninguna notificación sobre la obra. ¿Cómo iba a saber yo esto", se pregunta. Insiste en que ella lo compró de buena fe, aunque lamenta "no tener papeles para demostrar las veces que fui a preguntar". 

Pocos meses después de comprar su casa les llegó una carta donde la declaraban ilegal. "Por desconocimiento no nos personamos en el juicio, y hace dos años llegó sentencia del TSXG y casi nos da un infarto", relata. Ahora, les ha llegado una orden de derribo y les dicen que tienen que costearla. "Tenemos que hacer el proyecto, pagarlo, seguir pagando la hipoteca y pedir otro préstamos para pagar el derribo, y sin derecho de indemnización", relata, incrédula ante lo que teme que se le venga encima. Ella sigue creyendo que acabarán demoliendo. 


Atemorizados


"Estamos atemorizados, la culpa es de quien dio la licencia, nosotros no hicimos nada mal", reclama. Ella, que tiene un buen sueldo, lo pasaría mal para afrontar todo ello, pero sus suegros, todavía lo tienen peor. "Los trajimos aquí para vivir todos cerca y ahora que pase esto, con una pensión de poco más de 1.000 euros... No tiene sentido". Lo que más lamentan es no haber sabido nada. "Si supiera todo esto me habría ido a O Couto, que en aquel momento estaban construyendo. "Todo esto parece un culebrón, pero para mí es una pesadilla, no sabíamos en qué lío nos estábamos metiendo", confiesa Bravo, desde una comunidad con todos los pisos ocupados, aunque algunos están de alquiler. Ahora les acaba de llegar el aviso de que en caso de no realizar el proyecto de demolición podrían empezar a llegar multas coercitivas "entre 1.000 y 10.000 euros".

A su lado, otros veteranos de la batalla son los 47 propietarios de rúa Bierzo 2b-2c. "Después de tantos años son tantas noticias malas que hay gente a la que ya le da igual, que lo tiren y se acabó", confiesa Carlos López, uno de los residentes. También se ven víctimas "de la lucha de dos constructores", y de la "inacción del Concello" a quien esperan exigir responsabilidades.  "En un momento dado la obra se paró, pero alguien permitió que continuara", señala este vecino, que dice que son víctimas de una "persecución" acompañada de la "inacción" municipal de años. 

Con la orden de demolición vigente, lo que temen es que les corten el suministro "y nos obliguen a abandonar. Ese sería un gran problema". Cree que la demolición podría llevarse a cabo y defiende la buena fe. "No es cierto que supiéramos del problema a la hora de comprar, algunos sí y muchos de ellos, no. Y muchos habían hecho ya ingresos a cuenta de 30.000 euros entonces...", relata. Mientras, dice, esperan "como agua de mayo" y, en caso de demoler, lo tienen claro: "Tendrán que indemnizarnos". 

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