TRIBUNALES

Piden inhabilitar 10 años a Aurelio Gómez Villar por los altavoces de Jácome

El juicio tras la investigación por prevaricación al exedil en la ciudad, el 22 de mayo

 

El Juzgado de lo Penal número 2 ha fijado para el próximo 22 de mayo el inicio de las sesiones del juicio oral contra el exedil de Turismo y Comercio del PP en el Concello de Ourense Aurelio Gómez Villar por el denominado "caso de los altavoces". Este se enfrentará a una petición de pena de diez años de inhabilitación especial para cualquier empleo en la función pública o cargo electo derivado de elecciones, según recoge el escrito de acusación presentado por la también exconcejala en la ciudad Áurea Soto, que denuncia un delito de prevaricación.

El asunto penal se sustancia en la adquisición irregular el 26 de octubre de 2006 por parte del Concello de Ourense de 295 altavoces a la empresa Jolper Música SL, del portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome. La compra, por un importe de 61.691,86 euros, tenía como objeto la sonorización de las calles del Centro Comercial Aberto Ourense Centro, aunque finalmente nunca llegaron a instalarse y permanecen almacenados en la actualidad en dependencias municipales.

Defensa

Por su parte, la defensa de Gómez Villar se centra en que la denunciante, que habla de un contrato de suministro, confunde esa calificación con uno de obra, por lo que se siguió un procedimiento negociado sin publicidad en el que se invitó a participar a varias empresas, resultando la más económica la de la empresa Jolper Música SL.

En el juicio, testificarán, a petición de ambas partes, el interventor municipal, Gonzalo Alonso; la jefa del servicio de Contratación entre 2002 y 2011, María José Outeiriño; y Gonzalo Pérez Jácome. Por su parte, Áurea Soto solicitó también la declaración del exalcalde Manuel Cabezas, mientras que Aurelio Gómez Villar pidió la citación de María Dolores Pazos, Elías Domínguez, Antonio Pérez, Manuel Dafonte, Stella González, José Luis Cid y la propia Áurea Soto.

Además, la jueza declara impertinentes varias pruebas propuestas por el investigado relacionadas con documentación que debía ser proporcionada por el Concello de Ourense, como relaciones de llamadas, informes sobre procedimientos negociados o el personal adscrito a la Concejalía de Comercio en el año 2006. 

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