Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de Magistratura, que engloba a más de 1.400 jueces en toda España, acudió ayer a Ourense para participaren las jornadas "Pensar el derecho", organizadas por la Universidad
¿En qué se enmarcan estas jornadas?
Constituir un foro de debate sobre cuestiones de interés general relacionadas con la administración de Justicia, en un momento en el que parece que los gritos se imponen sobre las razones.
¿Qué defiende su colectivo?
Defendemos un modelo de juez independiente, profesional y que actúe con supeditación exclusiva a la ley.
¿Hay independencia del poder judicial en estos momentos?
La hay, aunque debemos reconocer que sí existe una apariencia de politización que no responde a la realidad, sino que es un cliché que ha calado en la gente. Genera una pérdida de credibilidad para el sistema.
En una entrevista a este diario, el presidente de la Audiencia de Ourense, Antonio Piña, señalaba que cada vez se cuestiona más la imparcialidad de los jueces. ¿Qué le parece?
Tenemos unos datos objetivos. El cuadro de indicadores de la justicia de la UE recoge que España es uno de los países en los que la sociedad tiene una percepción más negativa de la independencia de los jueces, que están presionados.
¿Es difícil abstraerse?
Siempre es difícil, también vivimos en la sociedad, no estamos en torres de marfil. Pero nuestra función es abstraernos de cualquier tipo de presión, intencionada o no.
¿Cuáles son los principales problemas de la justicia?
La apariencia de politización y un funcionamiento deficiente.
¿Por qué?
Fundamentalmente, por falta de medios. Hay falta de control en la litigiosidad, insuficiencia de la planta judicial, carencias de la oficina judicial, organización interna desfasada, deficiente delimitación competencial entre administraciones y la tardía implantación de las nuevas tecnologías. Sabemos los problemas, hace falta aunar una voluntad política para solucionarlo.
¿No hay esa voluntad, no interesa?
Quiero pensar que sí la hay, pero la realidad lleva a dudar.
¿Entiende que la ciudadanía desconfíe tras ciertas decisiones?
En muchas ocasiones, los jueces tenemos parte de responsabilidad por no explicar el porqué de determinadas decisiones. Si nos dejamos llevar por juicios paralelos o condenas anticipadas, sin valorar las pruebas, nos encontramos con una decisión popular que se ha tomado y nada tiene que ver con la del tribunal.
Es lo que sucede con los casos de corrupción, ¿no?
Efectivamente. El proceso penal está regulado en una ley que tiene siglo y medio. La utilización de ese proceso con fines espúreos provoca que lo que se tenga que resolver en un terreno, trascienda y se utilice como un arma arrojadiza, dando lugar a unos juicios paralelos, con una condena que se acaba imponiendo a la otra.
¿Es muy lenta la justicia?
Obedece en parte a la lentitud y también a la regulación procesal. De nada sirve fijar seis meses para un proceso penal cuando se solicita una prueba de ADN y tarda un año.
Todo lleva a la falta de recursos.
A eso y a una reforma legal, que diseñe un proceso penal adecuado al siglo XXI. Todos deben interiorizar que la justicia debe ser una prioridad.
¿Un Pacto de Estado?
Exacto, no se debe abordar desde una parte, tiene que ser el resultado de una contribución conjunta. Debemos interiorizar que invertir política y económicamente en justicia es invertir en el futuro de nuestro país.
Un tema de actualidad, los juzgados de las cláusula suelo. ¿Comparte el revuelo?
La medida es bien intencionada, pero ha sido precipitada y probablemente mal aplicada. Se trata de dar respuesta a un problema social que afecta a miles de personas. Tal y como está, conduce al fracaso.
