La Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia 061 ha abierto un procedimiento para evaluar si procede la imposición de una sanción administrativa a la empresa propietaria de los dos helicópteros medicalizados que prestan servicio en la comunidad autónoma.
El procedimiento fue abierto a raíz de que entre los días 1 y 4 de octubre el helicóptero que cubre las urgencias sanitarias con base en Barbadás (Ourense) estuviese inoperativo, lo que originó que la zona sur de la comunidad autónoma quedase sin posibilidad de transporte aéreo urgente medicalizado.
Así lo expuso esta tarde en comisión parlamentaria la diputada del PPdeG Marta Rodríguez Vispo durante su intervención a una proposición no de ley formulada por la parlamentaria del BNG Montserrat Prado.
La causa alegada para justificar la inoperatividad del helicóptero fue una revisión técnica en cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los pliegos de contratación.
La diputada popular reconoció que esta situación "es algo que se puede prever", y se mostró partidaria, como defendió Prado, en la realización de un seguimiento de este tipo de contratos y de que se penalice a las empresas que no los cumplan.
Pese a ello, Rodríguez Vispo dijo que desde el PPdeG se sienten "muy orgullosos" del funcionamiento de la atención sanitaria terrestre y aérea que se presta en la comunidad gallega. "Tiene muchísima calidad", afirmó.
Expuso que la Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia 061 actuó "desde el primer momento" en el incidente ocurrido con el helicóptero con base en Ourense, y dijo que había emitido un procedimiento para evaluar una posible sanción administrativa a la empresa adjudicataria del servicio, el cual está actualmente en proceso de resolución.
La iniciativa del BNG, finalmente rechazada, solicitaba la realización de un seguimiento "continuo y riguroso" del cumplimiento de los contratos de transporte sanitario urgente, tanto aéreo como terrestre, para garantizar la calidad precisa en la asistencia a las emergencias.
Planteó la diputada nacionalista, además, que se abriese un expediente a la empresa Eliance, concesionaria del transporte sanitario urgente aéreo, "por el incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de tener un helicóptero medicalizado los 365 días del año".
En la comisión celebrada esta tarde se aprobó por unanimidad una proposición no de ley del BNG para que las personas sordas dispongan de intérpretes en la sanidad pública.
La parlamentaria nacionalista Mercedes Queixas denunció la discriminación que a su entender sufren las personas sordas en los centros de salud gallegos, ya que no cuentan con intérpretes en lengua de signos para poder comunicarse.
Otra proposición del grupo Popular salió adelante gracias a los votos de sus diputados. La iniciativa trataba sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta para reformar en 2022 el decreto regulador del sistema de garantía de tiempos máximos de acceso a las prestaciones sanitarias públicas, con el fin de incrementar el número de patologías cubiertas por este.
