Los seis euros a los que se cotiza el kilogramo de cobre en el mercado negro ha disparado los robos de cableado telefónico, tendido eléctrico o incluso ferroviario en los últimos meses del año.
Pero esta situación ya se insinuó en 2006, según reconoce el teniente coronel de la Guardia Civil de Ourense, José Francisco Martínez, año en el que las fuerzas de seguridad comenzaron a tener muy presente la idiosincrasia de las bandas especializadas en estas sustracciones. La provincia no ha sido ajena a un fenómeno que ya le ha costado a Telefónica de España siete millones de euros en costes de reparación. En el caso de Endesa, son más de cuatro.
Hasta mediados de diciembre, los cuarteles habían tramitado en la provincia 61 denuncias por robo de cableado cuyo fin último era la obtención del codiciado metal. Una cifra que supera con creces las contabilizadas en años anteriores.
Los tendidos especialmente castigados han sido los situados en Carballiño, Ribadavia y Xinzo con 14, ocho y siete sustracciones respectivamente (datos a 17 de noviembre).
La proliferación de estos robos se debe a la compraventa ilícita que tiene como destinatarios finales los países asiáticos, China e India, principalmente, según asegura Martínez. Y son las compras masivas de estos países las que han impulsado el precio en los mercados internacionales a niveles históricos (se espera que llegue a 8.000 euros la tonelada en 2011. La Guardia Civil ha constatado -añade- la presencia de distribuidores en Barcelona y Valencia, ciudades a las que iría a parar el cobre robado en el resto de la Península, una vez procesado.
Los sistemáticos asaltos al cableado llegan al punto en que las operadoras de telefonía temen que 'la capacidad de sustracción llegue a ser superior a la de la propia fabricación de la empresa proveedora, lo que podría conllevar a la incomunicación total de las poblaciones enteras durante varias semanas', según reconoce Telefónica en un informe interno.
Las fuerzas de seguridad detuvieron en 2010 a 11 personas presuntamente relacionadas con este tipo de delito.
Constataron la presencia de rumanos, algunos ya detenidos, pero también hay ourensanos implicados, atraídos por el precio del metal. Precisamente para frenar esta oleada, las acusaciones se inclinan por agravar el delito de robo con fuerza en las cosas, dado que el cable sustraído se destina a prestar un servicio público.
Hasta mediados de diciembre, los cuarteles habían tramitado en la provincia 61 denuncias por robo de cableado cuyo fin último era la obtención del codiciado metal. Una cifra que supera con creces las contabilizadas en años anteriores.
Los tendidos especialmente castigados han sido los situados en Carballiño, Ribadavia y Xinzo con 14, ocho y siete sustracciones respectivamente (datos a 17 de noviembre).
La proliferación de estos robos se debe a la compraventa ilícita que tiene como destinatarios finales los países asiáticos, China e India, principalmente, según asegura Martínez. Y son las compras masivas de estos países las que han impulsado el precio en los mercados internacionales a niveles históricos (se espera que llegue a 8.000 euros la tonelada en 2011. La Guardia Civil ha constatado -añade- la presencia de distribuidores en Barcelona y Valencia, ciudades a las que iría a parar el cobre robado en el resto de la Península, una vez procesado.
Los sistemáticos asaltos al cableado llegan al punto en que las operadoras de telefonía temen que 'la capacidad de sustracción llegue a ser superior a la de la propia fabricación de la empresa proveedora, lo que podría conllevar a la incomunicación total de las poblaciones enteras durante varias semanas', según reconoce Telefónica en un informe interno.
Las fuerzas de seguridad detuvieron en 2010 a 11 personas presuntamente relacionadas con este tipo de delito.
Constataron la presencia de rumanos, algunos ya detenidos, pero también hay ourensanos implicados, atraídos por el precio del metal. Precisamente para frenar esta oleada, las acusaciones se inclinan por agravar el delito de robo con fuerza en las cosas, dado que el cable sustraído se destina a prestar un servicio público.
