El gobierno municipal de Ourense continúa quemando etapas con la tramitación del presupuesto del Concello para 2020, que ayer llegó a mesa de negociación para abordar el anexo de personal, pese a contar con el rechazo frontal de todos los sindicatos representados.
El encuentro celebrado ayer en el centro cívico Colón, con la presencia de los concejales Ana Morenza y Armando Ojea y los representantantes de las fuerzas sindicales, sirvió para que ambas partes se enzarzaran al mostrar dos puntos de vista totalmente opuestos, entendiendo el gobierno que la reunión era necesaria únicamente para dar cuenta de la documentación, al no modificarse condiciones laborales, y los sindicatos que debía abrirse una negociación.
"Los técnicos nos dicen que es una dación de cuenta, un trámite necesario", señalan fuentes municipales sobre el procedimiento administrativo, por lo que solo esperan ya a la formalización del acta de la reunión para enviar el proyecto presupuestario, a poder ser esta misma semana, al departamento de Intervención para su fiscalización, disponiendo el funcionario de un plazo de 10 días hábiles.
PP y do consideran que ya se puede enviar la propuesta a intervención, con los sindicatos hablando ya de ir al juzgado
Según los datos aportados a los sindicatos, el capítulo I del presupuesto municipal de 2020 absorberá 38,4 millones de euros, un 10,4% más que en las cuentas de 2014 –últimas aprobadas– y un millón por encima del anteproyecto presentado el año pasado.
El incremento, señala la documentación, se debe a la necesidad de presupuestar todos los puestos de la Relación de Puestos de Trabajo (721 funcionarios, 11 laborales fijos, 27 eventuales y un director xeral) aunque no estén ocupados (hay entre 100 y 150 vacantes) y de los incrementos en sus nóminas.
Amenazas de denuncias
"Ha sido vergonzoso", asegura el presidente de la junta de personal, José Manuel Rodríguez (CSIF), que reprochó al gobierno local "no querer hablar sobre las carencias", asegurando que "si siguen así los presupuestos acabarán en el juzgado".
En términos similares se manifiesta Nemesio Gómez (UGT), criticando el "caos" en el área de Recursos Humanos por no poner al día la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). "Incumplen la legalidad, por lo que hay riesgo de nulidad y de ir al juzgado", asegura el sindicalista.
Mientras, el portavoz de CC OO, Manuel Pérez, asegura que "estamos en más de lo mismo", criticando al gobierno local "por darnos documentación en la misma reunión y no querer negociar nada". Considera que "no se hizo el trabajo" y considera que "todo podrá ser impugnado".
