Los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Ourense desarticularon dentro de una operación que bautizaron con el nombre de Ribereta a una organización criminal que se dedicaba a captar mujeres jóvenes en Venezuela ofreciéndoles una falsa promesa de trabajo para posteriormente obligarlas a prostituirse en pisos de citas en la ciudad.
Fueron detenidas siete personas, y tres hombres y tres mujeres ingresaron en la cárcel de Pereiro de Aguiar tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción 1 de Ourense como presuntos autores de delitos de pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos, tráfico de personas y relativo a la prostitución. "En el presente caso es evidente que concurre el riesgo de fuga dada la gravedad de los hechos imputados y no consta arraigo en España, amén de su nacionalidad venezolana, incluso concurre riesgo de reiteración delictiva toda vez que tampoco consta que tenga un modo de vivir concreto y sus ingresos procedían de la actividad delictiva que constituye el objeto del presente procedimiento", dice el auto de prisión.
La organización desarticulada, según recoge el juez, se dedica a la introducción en España de mujeres jóvenes de nacionalidad venezolana con la única intención de poder explotarlas en la práctica de la prostitución, aprovechando la situación de gran necesidad y vulnerabilidad que estas mujeres padecen en el país sudamericano. "Es significativo decir -se puede leer en la resolución judicial- que algunas de las víctimas, a pesar de su juventud, ya soportan cargas familiares tan importantes como tener hijos a su cargo, lo que, dadas las actuales condiciones económicas y sociales del país, claramente aumenta su situación de necesidad".
Deuda
La organización financia la totalidad de los gastos del viaje de estas mujeres a España, pero ellas adquirían una deuda, que según comprobaron los investigadores, ronda entre los 1.100 y los 1.800 euros. Una vez estas se encuentran en los pisos de la ciudad eran inmediatamente informadas de la deuda adquirida, de las condiciones de pago de la misma, de la actividad que deberán desarrollar y de las condiciones en que se encontraban, ante lo que, según la resolución del titular del juzgado, eran obligadas a ejercer la prostitución en los pisos que gestiona la organización en Ourense y, así, poder hacer frente a la deuda contraída de manera inmediata.
Piso alquilado
Para el ejercicio de la prostitución, la organización dividía a las mujeres en grupos y utilizaba un piso arrendado a nombre de una tercera persona (hombre de paja). Una de las viviendas estaba situada en la calle Antonio Puga y otro en Emilia Pardo Bazán. También tenía la cesión de una vivienda de "alquiler turístico". En todos ellos, las mujeres debían permanecer prácticamente todo el día y donde eran explotadas sexualmente.
Control absoluto
La organización desarticulada era la encargada de realizar todos los trámites para el ejercicio de las citadas actividades, trámites que van desde publicitar la actividad en "internet", hasta la gestión de los desplazamientos de cada una de las víctimas hasta el lugar en que se encontraban los clientes.
Así, igualmente se ha podido determinar que -asegura el auto- los miembros de la organización solían residir en los mismos pisos con la finalidad de poder controlar la actividad de cada una de las mujeres. La Policía Nacional inició la operación Ribereta el pasado mes de julio después de tener sospechas de que jóvenes de Venezuela podrían están siendo introducidas en el territorio nacional para obligarlas a ejercer la prostitución.
La operación continúa abierta y la Policía Nacional amplió la investigación a todo el territorio nacional. Los agentes trabajan con la hipótesis de que los miembros de la organización podrían tener contactos en otras ciudades.
Hace una semana fue liberada una colombiana
La operación está vinculada a la liberación el pasado día 11 de una mujer colombiana que estaba siendo obligada a la ejercer la prostitución en un piso de la avenida de la Habana. Los agentes de la Policía Nacional detuvieron entonces a tres personas (dos varones y una mujer) naturales de Venezuela. La víctima, que llamó al 112, fue captada por los entonces detenidos tras prometerle que, una vez en territorio español, le ofrecerían un hombre para contraer matrimonio y, así, legalizar su situación en España.
Los agentes abrieron entonces una investigación -contactaron con varios venezolanos- para averiguar el piso exacto en que se encontraba retenida la víctima, que llevaba dos días en Ourense.
