En la manifestación se pide al Gobierno que reconsidere su decisión de entregarlo a los registradores mercantiles
La "marea de camisetas amarilla" se hace ostensible. Integrada por funcionarios de la Administración de Justicia, colectivos profesionales (funerarios, abogados, procuradores), sindicatos o simplemente ciudadanos concienciados con los servicios públicos de calidad, participará hoy (20,30 horas salida desde el final del Puente del Milenio) en una manifestación en protesta por el anuncio del Gobierno central de que la gestión del Registro Civil sea asumida por los registradores mercantiles.
Una decisión que ha causado polémica y un sinfín de dudas a tres meses de que la Ley 20/2011, de 21 de julio, entre en vigor -estuvo en suspenso hasta ahora- ya que aún no se ha concretado la norma complementaria que deberá regular la estructura y el funcionamiento del futuro Registro Civil. Fue el Gobierno Zapatero el que en 2011 abrió la puerta para "desjudicializar" ese servicio -ahora depende de un juez de instancia-, alegando que "su modernización hace pertinente que su llevanza sea asumida por funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado, cuyo cometido constitucional es juzgar y ejecutar lo juzgado". Pero fue el PP el que el pasado año se lo asignó a los registradores mercantiles.
Este verano, según lo acordado el pasado año por decreto, deberá entrar en funcionamiento una nueva plataforma digital para la tramitación de los certificados y expedientes. El desarrollo de este sistema electrónico correrá a cargo de los registradores mercantiles, pero hasta que esté a pleno rendimiento, los jueces seguirán cumpliendo con esta función.
La provincia, según vaticina la Plataforma contra la privatización, del Registro Civil en Ourense, será una gran damnificada porque hasta ahora los concellos más pequeños disponen de juzgados de paz que prestan esa asistencia porque allí tienen sus propios libros para expedir los certificados que precisan. El Ministerio de Justicia dice que los ciudadanos podrán seguir yendo a los juzgados de paz, pero, tal como advierten algunos sindicatos, "prestarán el servicio más deficitario porque harán de meros intermediarios entre el ciudadano y el Registro Mercantil". “Aíslase á poboación rural”, asegura Anxo García, del a CIG.
Y no es baladí el número de veces que debe acudir un ciudadano a lo largo de la vida al Registro Civil: "Al menos tres veces de media, partiendo de la base de que hay que inscribir el nacimiento de los hijos o presentar certificados para tramitar por primera vez un DNI o mismo para solicitar plaza en una guardería o apuntar al niño en una escuela deportiva; pero también en el registro se inscriben los matrimonios, se expide el libro de familia o se inician los trámites para un expediente de unión civil, nacionalidad, adopciones, cambio de nombre, apellidos sexo, inscripción de tutelas...", explica una de las seis trabajadores de Ourense y portavoz de la Plataforma que canaliza el descontento, Carmen Gómez.
Trastornos y gastos
Esta funcionaria está convencida que los muchos perjuicios de esta decisión para una provincia como Ourense por su propia configuración geográfica, con poblaciones a más de 100 kilómetros. "Conllevará trastornos y gastos a la población que no reside en la capital, además de los trámites en sí, lo que a la postre también repercutirá en las economías locales", dice.
Por el momento, no se saben los honorarios que cobrarían los registradores pero hay quien ya ha sacado la calculadora para realizar una traslación de precios, tras estudiar los aranceles que aplican ahora los registradores por sus expender sus certificados. "Se está hablando de 15 o 20 euros por un certificado de nacimiento o defunción, a 600 euros por un expediente de nacionalidad o 200 euros por terminar un expediente matrimonial (ahora todo se hace un mismo acto menos la propia celebración)", explica la portavoz .
El ministro Catalá asegura que todos los trámites seguirán siendo gratuitos pero los sindicatos y trabajadores no se lo creen. "Los registradores mercantiles no son funcionarios públicos, tal como dictaminaron varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Trabajan con interés privados, contratan a su propio personal y tiene que cobrar el IVA, por lo que resulta muy cuestionable que vayan a realizar tramitaciones de forma gratuita", advierte Teo Fernández, de UGT.
El Gobierno esgrime razones de operatividad (habla de atasco) para desligarlo de la Judicatura pero este argumento tampoco parece convencer a sus ahora responsables. "Es el mejor servicio que funciona dentro de la Administración de Justicia en cuanto a atención al ciudadano y, para nada, se puede hablar de atascos", asegura con rotundidad Nuria Casero Sánchez, la magistrada encargada del Registro Civil de Ourense.
Crear empleos
Además, tal como recuerda Carmen Gómez, "si existen cuatro millones de euros para donar a los registradores por tramitar las nacionalidades, ese dinero bien podría dotarse al ministerio para solventar el atasco del que habla y crear puestos de trabajo". En efecto, el Gobierno acordó pagar esa cantidad al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para que sigan haciendo la gestión de los expedientes de nacionalidad que ya tenían encomendada desde 2012, sin que hasta ahora recibieran cantidad alguna. En ese caso también hubo compromiso expreso de que esas gestiones no supondrían ningún gasto para los ciudadanos ni para las arcas públicas. Y no fue así.
Los entierros podrían resultar 300 euros de media más caros
La Asociación de Funerarias de Ourense, que aglutina en la provincia a 60 empresas, analiza con desagrado la decisión del Gobierno de "privatizar" los registros civiles porque, tal como recuerda su presidente, Antonio García Aliende, "le están funcionando muy bien a nivel de atención al usuario y, además, son gratuitos·. Este empresario recuerda que hoy en día una licencia de enterramiento se consigue sin ningún problema en el lugar de residencia de los fallecidos: en las villas con órganos judiciales o en los concellos con juzgados de paz atendidos por funcionarios municipales.
Pero advierte que en caso de que haya que desplazarse (en la provincia sólo hay 14 registros mercantiles y de la propiedad) supondrá un extra añadido a la factura final del consumidor, que se podía incrementar entre 200 y 300 euros, a mayores del servicio funerario, siempre que no haya que ir a un método de conservación cadavérica transitoria porque el entierro no puede desarrollarse a las 48 horas del deceso (en este caso, hasta 600 euros más de sobrecoste). Al tiempo que no se cree que la expedición de documentos sea gratuita: "Para nada me creo que sea un servicio gratuito porque ningún particular hace nada a cambio de nada".
García Aliende desconfía de los propósitos del Gobierno. "No niego que, al principio, el servicio que prestan los registros civiles sean gratuitos para acallar voces, pero estoy convencido que es una milonga". Añade que no le parece "lógica ni decente" la medida de desjudicializar un servicio con un amplio horario de atención al público.
El ministro Catalá ofrece diálogo “a todas las partes interesadas"
En la última interpelación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el Congreso ofreció diálogo para desarrollar la ley que desjudicializa el Registro Civil y precisó que la idea del Gobierno de encomendarlo a registradores de la propiedad y mercantiles no presupone una privatización del servicio. Contestó así a una pregunta del diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, quien habló de una "privatización encubierta" y recordó que "se hará por parte de un Gobierno que preside un registrador de la propiedad".
El ministro entiende que "los registradores de la propiedad y mercantiles son funcionarios públicos", y aseguró que estará encantado de hablar del tema y conocer las propuestas de todos los grupos parlamentarios. "De momento, nuestra propuesta es que unos funcionarios puedan desempeñar esta función y, en todo caso, lo someteremos a diálogo con todas las partes interesadas", concluyó Catalá.
El compromiso de "negociar indefinidamente" también le fue trasladado a los sindicatos la pasada semana en un reunión en Madrid. Allí estuvo José Antonio Sotelo, representante de CSIF-Justicia en Ourense, quien reitera que para ello es imprescindible "que la entrada de la ley quede en suspenso para lograr acuerdos sin presión". Advierte que hay una línea roja y no cejarán en su empeño "de que el registro sea servido por funcionarios de Justicia y si no puede ser un juez el encargado pues que sea un secretario judicial o un gestor licenciado en Derecho".
El rechazo ciudadano, expresado a través de centenares de firmas
La recogida de firmas en apoyo de la iniciativa legislativa popular (ILP) que promueve CC.OO. para que el Gobierno mantenga el carácter público y gratuito del Registro Civil está teniendo una buena acogida en Ourense, con más de 1.400 rúbricas hasta la fecha (el objetivo son reunir en la provincia 5.000). La recogida de firmas se realiza en la sede del propio Registro Civil u otras dependencias judiciales.
Se trata de una campaña de ámbito nacional con la que se pretenden conseguir 500.000 firmas con la que poder presentar una ILP y tramitarla así en el Congreso de los Diputados. Paralelamente, las funcionarias que atienden el servicio informan a las puertas del edificio judicial de O Couto todos los días entre 11,00 y 12,00 de la mañana. En general, aprecian un "gran desconocimiento" entre la población.
