La situación se hace "insostenible" para algunos profesionales de la provincia, que llaman a las partes a negociar sin levantarse de la mesa
La huelga en la Administración de Xustiza está causando problemas importantes entre la ciudadanía ourensana y también en sectores que dependen directamente del correcto funcionamiento de los juzgados, como son los procuradores y los abogados, que urgen un acuerdo cuento antes entre Xunta y representantes de los funcionarios para desatascar una situación que se está volviendo "insostenible".
El decano del Colegio de Procuradores de Ourense, Ricardo Garrido, alerta de la "complicada" situación que vive el centenar de profesionales que ejerce esa actividad en la provincia. La falta de actividad judicial les impide facturar. "Hasta ahora hemos ido aguantando, apretándonos el cinturón, pero si se sigue estirando y llega hasta verano, sería tremendo. Esperemos que no llegue la sangre al río", asegura.
Los despachos de procuradores suelen ser de una o dos personas, son más pequeños que en otras provincias, pero el mantenimiento se hace cada vez más difícil. "La gente tira de ahorros o, en algún caso, de préstamos para poder continuar. No se genera nada y no se cobra, pero los gastos llegan igual a fin de mes", añade Garrido.
Los procuradores son conscientes de que el problema no depende de ellos, pero llaman a "buscar una solución" por el bien no solo de ellos, "sino de los ciudadanos y los profesionales". La semana que viene tendrán una reunión para decidir qué pasos tomar en caso de que se siga prolongando la situación de huelga.
"Algo habrá que decir, pero me remito a lo que hemos dicho, que hagan algo ellos, porque poco importa lo que nosotros digamos", dice resignado. "Ahora es como estar en el paro, pero no de forma voluntaria, el problema es gordo, gordísimo, por lo que creo que hay que tener altura de miras", concluye.
En la misma línea apunta Lourdes Lorenzo, procuradora en la ciudad, que, de momento, aguanta. "Tengo una empleada y hay que pagar. Ahora no entra casi nada. Presentamos las demandas y están sin registrar. Algunos juzgados van trabajando algo", asegura. Valora los pasos dados por los trabajadores en la negociación y resalta el "verdadero problema": "Detrás de todo hay problemas para personas pendientes de juicio". Pero esta procuradora ve el lado positivo: "Personalmente me vino bien, estuve saneando el despacho, darle una buena limpieza".
Los abogados también sufren las consecuencias de 73 días de paro en la Xustiza "La situación es insostenible e intolerable, urge que se tomen las medidas necesarias. Además, la Xunta debe controlar el funcionamiento de los servicios mínimos", señala Beatriz Rey, responsable de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Ourense. Su propuesta pasa por que se sienten a negociar sin límite: "Que no se levanten hasta que se llegue a un acuerdo".
Los abogados asociados a este grupo lamentan los juicios suspendidos el mismo día. Rey incide en que hay que "exigir responsabilidades" y, dice, "si hay que tomar medidas, que se tomen". Recuerda que hay procedimientos de causa compleja que "se van a archivar", por lo que cree que "esto no puede continuar".
Por su parte, el abogado Xosé Manuel Pacho llama a todos a "asumir as súas responsabilidades" y cree que el problema de Xustiza "é de toda a sociedade, como cando hai un problema na Sanidade". Resalta que "ás veces é difícil explicar os atrancos aos clientes, que son os que sofren as consecuencias".
Los trabajadores se dejan ver en las termas
Los funcionarios de Xustiza cumplieron ayer 73 días de huelga indefinida, con cinco juicios suspendidos y la mayoría de juzgados sin señalamientos. Los trabajadores cogieron el tren de A Chavasqueira para dar "visibilidade" a la protesta. Según los sindicatos, el 73,7% del personal secundó la huelga, cifra inferior a otras jornadas. Algunos abogados consultados afirmaron que los trámites en el Registro Civil "ha comenzado a recibirse" y que "da la sensación de que se está empezando a funcionar algo mejor".
El lado positivo de la huelga y las críticas a la misma
El abogado Amadino Pereira señala que a su despacho le está "viniendo bien" ya que están aprovechando para "liquidar trabajo de oficina acumulado". Según él, hay una sensación de "inmovilismo" por parte de la consellería, que solo puede atribuir a "motivos poderosos". Plantea el problema que se viene encima: "Va a haber un colapso porque a los nuevos señalamientos habrá que añadir los que se suspendieron", indica. Cree que los ciudadanos lo notarán más, ya que hasta ahora "pasaron dos meses y medio y la gente tiene el concepto de que la Justicia ya va lenta de por sí". Otro abogado consultado, que no quiso revelar su identidad, fue más duro: "Los sindicatos tienen poco amparo de los trabajadores. La mayoría no está de acuerdo con el camino seguido. La Xunta es quien más ha cedido y esto no se sostiene".
