La provincia de Ourense es la que tiene un mayor censo de pozos, un total de 4.787, para extraer agua de forma legal dentro de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Le sigue Lugo, con 4.552. En todo el territorio gallego hay 11.700 pozos legales.
Los datos fueron hechos públicos después de que los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) llevaran a cabo una investigación en buena parte del territorio nacional tras caer y fallecer el niño, Julen Roselló, de dos años, en abril del año pasado, en un pozo en (Málaga).
Los agentes localizaron 1.400 pozos ilegales y detuvieron a 107 personas a las que atribuyeron un delito de robo de agua, pero las pesquisas, según fuentes del Instituto Armado, no afectaron a la comunidad autónoma gallega. Argumentan que se fijaron más en aquellas zonas con escasez de agua.
En el organismo de cuenca aseguran no tener un censo de extracciones de agua ilegales en la provincia de Ourense, pero los técnicos resuelvan temporalmente expedientes, un total de 45 durante el año pasado en todo el territorio gallego. De ellos, siete correspondieron a afectados de la provincia.
En este sentido, tanto en la Confederación Hidrográfica como en Agua de Galicia recuerdan que las extracciones de agua y la construcción de pozos sin autorización está penalizada. Las sanciones pueden ir desde los 10.000 hasta el millón de euros, dependiendo del volumen de agua extraída y sus usos. La legislación se endureció a causa del cambio climático.
