El exalcalde acusado destacó que existían dificultades para erradicar esos contratos de servicios
En la tercera sesión de la vista oral por prevaricación continuada seguida contra seis cargos del PSOE y BNG del bipartito que gobernó la ciudad entre 2007 y 2012, los acusados de haber prorrogado ilegalmente, según las acusaciones, cinco contratos de servicios menores (asistencias técnicas), ofrecieron su versión de los hechos en un extenso interrogatorio que se prolongó hasta pasadas las cuatro de la tarde.
Sólo el exalcalde socialista Francisco Rodríguez (2007-2012) y la exedil de Urbanismo Áurea Soto (2007-2013) reconocieron sin ambages que conocían la existencia de este tipo de contratos, aunque no a los titulares de los mismos. La exedil, a modo de anécdota, relató que incluso antes de entrar en política realizó una asistencia técnica para el Concello de Ourense. Ambos defendieron estos contratos administrativos de servicios como el único mecanismo,"en ese momento", para sacar adelante proyectos vitales para la ciudad.
Los reparos planteados por el interventor, entre otras razones porque las asistencias técnicas no admitían prórrogas al superar el límite cuantitativo marcado por la ley, se traducían, en "anomalías", según el criterio de Rodríguez, o "irregularidades" o "inquietud del interventor", para Soto, a las que se trató de dar solución. Tardó en materializarse algo más de dos años, en el año 2013, con la llegada de Agustín Fernández a la alcaldía, porque, según los acusados, la solución no se antojaba fácil en un contexto de restricciones presupuestarias. Pero, según recordó Francisco Rodríguez, "pusimos las bases".
El exmandatario local ilustró de forma sencilla el levantamiento de los reparos del interventor: "En la balanza estaban esas prórrogas indebidas pero también otras cosas como trabajos que había que pagar (...) y proyectos que había que atender".
El exregidor tiene claro que actuó correctamente hasta el punto en que "a lo mejor hoy hubiera hecho lo mismo" porque "la obligación de un político es gobernar", invocando "el bien común" y el servicio "al ciudadano".
Durante una declaración muy rica en detalles y matices por parte de la exconcejala Áurea Soto, en la que llegó a señalar a la fiscal "no saber por qué" estaban siendo juzgados, relató que desde el primer reparo (febrero de 2011) se buscaron distintas soluciones a las asistencias técnicas, de las que se mostró partidaria.
Insistió en que todo el gobierno municipal primó prestar servicios esenciales mientras, de forma paralela, intentaban buscar alternativas como un plan de empleo con interinos. Los decretos estatales y la Ley Montoro lo cercenaron y dilataron las pretendidas soluciones.
En ese escenario, la caída del Plan de Urbanismo, que paralizó en gran medida el Concello, y las elecciones municipales, derrumbe de un edificio con víctimas, tampoco lo pusieron fácil.
La exedil fue contundente al asegurar que su mayor preocupación era atender los proyectos en áreas prioritarias tras advertir de que, en caso contrario, podría haber incurrido en una "dejación de funciones".
Los inculpados se guiaban por las propuestas de los técnicos
En relación al resto de imputados, coincidieron en señalar que no redactaron las providencias ni los informes de los técnicos que daban cobertura y prorrogaban los contratos de servicio cuestionados. En el caso de la ex edil de Rehabilitación Iolanda Pérez, según precisó se limitaba a firmar la documentación con las propuestas del técnico de servicio "porque eu non teño coñecementos administrativos". El exdirector xeral Xosé Carballido incluso se preguntó a la inversa: ¿Podría cometer prevaricación si no firmaba lo que le proponía el técnico de su servicio?
El concejal de Vivienda entre junio de 2011 y septiembre de 2012, Xosé Fernando Varela, insistió en que la búsqueda de una solución "era prioritaria para el grupo de gobierno", pero que el asesor jurídico les había señalado que "si no se renovaban los contratos todo el programa de rehabilitación se iba al garete".
El director xeral de Rehabilitación Urbana, Xosé Somoza, recordó que se estaban buscando soluciones "pero era un proceso largo", puntualizando que quienes propusieron a los beneficiarios de estos puestos de trabajo fueron los técnicos, y que los políticos "sólo querían que se resolviera el problema".
Por su parte, el entonces jefe de servicio de Rehabilitación y Vivenda, José Manuel Oliver, precisó que el quid no estaba en el procedimiento de contratación sino en las personas (eran las mismas). Explicó a los responsables políticos que la pérdida de este personal podría haber supuesto la pérdida de las subvenciones, pero, al mismo tiempo, que había otras alternativas.
