La actual crisis socioeconómica pasa factura a muchas familias ourensanas, una de ellas es la de María - nombre ficticio- a la que a principios de diciembre le notificaron una orden de desahucio para ella y sus dos hijos, como consecuencia de la situación laboral que vivió con la llegada de la pandemia. "Me echaron del trabajo y me quedé con un paro que no me llegaba para pagar todos los gastos", recuerda.
Llegar a final de mes se convirtió en una odisea en los primeros meses de confinamiento, sin más ayuda que la prestación por desempleo que se quedaba en unos 200 al pagar el alquiler. Además, también solicitó el Ingreso Mínimo Vital, una ayuda que todavía está "en estudio". Aunque ahora cuenta con un nuevo empleo, los impagos de aquellos meses, a los que se le sumó el verano, se convirtieron en inasumibles. "Los servicios sociales del Concello me daban una ayuda para cubrir parte de la deuda, pero no para pagar los suministros básicos", cuenta.
Su recurso fue acudir a Cáritas para tratar de salir adelante. "En septiembre empecé en un nuevo trabajo, pero ya acumulaba unos meses sin pagar el alquiler", señala. La vuelta a trabajar, en el sector de la hostelería, no significó que pudiese hacer frente a los pagos mensuales más los atrasos. Finalmente llegó la notificación de desahucio, dos meses antes de la fecha límite. "Me tocó buscarme un abogado de oficio y tenemos fecha para el juicio en abril", afirma.
Cáritas orienta a esta familia ourensana en la búsqueda de ayudas, pero que deben pasar por las administraciones públicas. "No me ayudaron en nada, por lo que tuve que acudir a Cáritas para que me echasen una mano en lo que pudiesen, porque estaba desesperada", asegura. Su reivindicación es que las administraciones ayuden realmente a las familias vulnerables como la suya que, con dos menores a su cargo, son su mayor preocupación. "Si no fuese por ellos, me daría igual vivir debajo de un puente", expresa.
Gastos extra
La situación de uno de ellos, que padece un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, aumenta más los gastos familiares. "Tengo que mandarlo a un colegio privado, porque en uno público no están preparados para atender a estos niños como lo necesitan", explica. La educación de sus hijos, más los suministros básicos y la comida, no paran de engordar el desembolso de esta familia mensualmente.
El cierre de la hostelería en noviembre supuso para María un ERTE, que no cobraría hasta el mes siguiente. "Pude mantenerme gracias a la ayuda de mi familia y lo que me ha brindado Cáritas", cuenta. Lo único que pide, ante la crisis del sector en el que trabaja, es que "nos dejen trabajar".
