La sentencia apunta que el TSXG podría estimar las alegaciones de los vecinos
Las 90 familias que residen en los edificios 146, 148 y 150 de la avenida de Marcelo Macías, inmuebles afectados por una orden de derribo, continúan con su batalla para frenar la ejecución de la sentencia o, al menos, que se les garanticen las indemnizaciones por los perjuicios ocasionados durante todo este proceso.
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense, de la que se dio cuenta la semana pasada en junta de gobierno, no ha desanimado a los vecinos, que siguen convencidos de que les ampara la razón, motivo por el que han decidido recurrir al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tras la reunión que mantuvieron con su abogado.
El propio magistrado que emitió la resolución en el juzgado ourensano reconoce en su argumentación sobre uno de los motivos que planteaban desde la comunidad de vecinos, el que hace referencia al artículo 108 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que "se trata de una cuestión novedosa, que puede originar dudas interpretativas y que el TSXG llegue a una conclusión distinta". El artículo establece que se exigirá la prestación de garantías suficientes para responder del pago de indemnizaciones a terceros de buena fe.
"Estamos pidiendo que se aplique algo novedoso y ya empieza a haber resoluciones del TSXG que nos darían la razón", destaca el presidente de la comunidad de vecinos, Juan Rubianes, que recuerda que "nosotros no tenemos la culpa de nada".
En esta línea, indica que la compra de los pisos se produjo en un momento en el que el edificio era "completamente legal, con una recalificación avalada por el TSXG y el Tribunal Supremo", y cuestiona el posicionamiento de todos los grupos políticos con representación en la Corporación municipal, a los que culpa de la situación actual.
"El Concello no quiere que se aplique el artículo sobre el que alegamos porque se quedarían la patata caliente. Además, todos los partidos se dedican ahora a jugar a no sé qué, a tirarse piedritas sin importarle nada las 90 familias", destaca Rubianes, que les invita a aprobar el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal y "dejar el edificio como estaba".
Lamenta también que se quiera obligar a ejecutar la orden de derribo a los propios vecinos. "¿Qué quieren que hagamos, que pidamos un crédito para eso y nos vayamos a vivir debajo de un puente, que nos quedemos en la calle"?
Conflicto
El origen de todo este conflicto en la avenida de Marcelo Macías se remonta a un recurso interpuesto por unos particulares tras la concesión de la licencia de obra al edificio en 2004. La anulación del PXOM en 2011 provocó que se atendiese la reclamación y que cuatro años después se dictase la sentencia de derribo, siendo solicitada su ejecución en noviembre de 2016. Desde ese momento, la comunidad de vecinos ve como se ha acentuado la incertidumbre sobre su futuro.
