Cinco hombres y dos mujeres, investigados por pertenencia a un grupo criminal, quedaron en libertad tras comparecer ante la jueza
En libertad provisional sin fianza y a toda velocidad en un vehículo con los cristales tintados salían ayer a las 13.20 horas del Juzgado de Instrucción de Bande las siete personas acusadas de varios delitos relativos a la prostitución y pertenencia a organización o grupo criminal.
Se trata de cinco hombres y dos mujeres, seis españoles y un portugués, relacionados con la parroquia de Grou (Lobios), que fueron detenidos por la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en el marco de una operación desarrollada a raíz del hallazgo del cadáver de una mujer de 21 años en el embalse de Lindoso (Lobios) en 2016.
Minutos después de las diez de la mañana, los siete arrestados entraban en varios vehículos policiales en el edificio judicial de Bande, tras pasar la noche en los calabozos de la Comisaría de Ourense. Aunque no fue hasta hora y media después cuando se inició el proceso de toma de declaraciones. Los detenidos se acogieron a su derecho a no declarar y hasta expresaron sorpresa al ser preguntados por el delito que los llevó ante la jueza de instrucción.
Dado el secreto de sumario decretado por este mismo juzgado, fueron pocos los datos que transcendieron de la investigación, así como de los propios implicados, entre los que supuestamente habría dos hermanos. Supuestamente se aprovecharon de la vulnerabilidad de determinadas mujeres con minusvalía intelectual y en algún caso drogodependientes.
El procedimiento se abrió en 2017 y, a priori, estaría relacionada con la joven cuyo cuerpo apareció cerca del puente de A Malleta el 10 de diciembre de 2016 y cuya muerte fue catalogada inicialmente como un posible suicidio.
Todos los implicados en el caso están siendo investigados por diversos delitos relativos a la prostitución recogidos en los artículos 187 y 188 del Código Penal, que castiga con penas de entre dos y cuatro años de prisión a quienes "hayan empleado violencia, intimidación o engaño, o hayan abusado de su superioridad o de la necesidad de la víctima para obligarla a prostituirse".
Así como entre dos y cinco años a quien "induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección o se lucre con ello", aun con el consentimiento de la misma.
La fiscal, que intervino por videoconferencia, no solicitó el ingreso en prisión de los detenidos, pero sí la retirada del pasaporte y la obligación de personarse en el juzgado semanalmente.
En su auto, el juez considera que existen indicios que vinculan a los investigados con el delito de prostitución, pero finalmente decretó su puesta en libertad dado que ninguna de las partes solicitó el ingreso en prisión, quedando obligados comparecer en el juzgado el día 1 de cada mes.
