A J.M.S le requerían diez años y tres meses de prisión por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y un delito de atentado contra las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el hombre de 62 años podría evadir la cárcel si se somete y acredita que está en tratamiento por drogadicción.
El acusado se dedicaba a la venta de estupefacientes habitualmente. En junio de 2018, salió de su domicilio en las inmediaciones de Verín sin saber que los agentes de la Guardia Civil lo estaban vigilando. Cargado con narcóticos se subió a su vehículo y, justo antes de que emprendiese la marcha, los agentes avanzaron y estacionaron en frente del reo. Cuando el agente se acercó y se identificó como guardia civil, el acusado inició bruscamente la marcha, haciendo caso omiso a las órdenes para que se detuviera y obligando al agente a arrojarse a un lateral de la vía para evitar ser atropellado por el Audi A-6 de J.M.S. En su fuga, pese a no atropellar al guardia civil, sí golpeó la aleta lateral derecha del vehículo oficial y tomó dirección Ourense por la N-532. En mitad de su huida, el acusado se deshizo de 8 envoltorios con droga destinados a ser vendidos a terceras personas. Finalmente, detenido por los agentes y tras un cacheo, se le incautaron 2,96 gramos de heroína y 1,31 de cocaína.
Momentos posteriores, se procedió a registrar su domicilio. Allí aprehendieron un total de 15.431,31 euros, y encontraron una pistola de calibre 635; un táser eléctrico, prohibido para el uso de particulares, y un rifle Browning en perfecto estado de funcionamiento. También le fueron incautados 66,7 gramos de cocaína y 40,9 de paracetamol y cafeína (utilizados para adulterar la droga). El precio calculado por la Guardia Civil rondaba los 10 mil euros 9.344,47 euros.
Podría evadir la cárcel
Inicialmente la fiscal pedía para el acusado 10 años y 3 meses por los tres delitos, pero en el juicio se apreció un atenuante muy calificada de drogodependencia que le permitió reducir la pena: de diez años y tres meses a tres años (un año y seis meses por el delito contra la salud pública, un año por tenencia ilícita de armas y seis meses por delito de atentado). Sin embargo, si el acusado se somete a un tratamiento de desintoxicación y lo demuestra, podría librarse de prisión, por ser la pena total menor a 5 años.
