Los concellos de la provincia claman por flexibilizar la legislación para mejorar los servicios que se prestan a los vecinos
"Tenemos dinero y no lo podemos repercutir en los ciudadanos". La frase la pronuncia la concejala de Facenda de Ourense, Ana Fernández Morenza, muy crítica con la regla de gasto que el Ministerio de Hacienda impone a las administraciones locales desde 2013 y que impide hacer un uso libre del superávit y del remanente de tesorería (ahorro generado) a pesar de que la situación financiera sea saneada.
La conocida como "Ley Montoro", sobre la que se votó ayer una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para iniciar su modificación, impide en el Concello de Ourense la disposición de 50 millones de euros, según los datos que maneja el gobierno municipal, que recuerda como a final de año dejará liquidada totalmente su deuda con los bancos y paga a sus proveedores, la mayoría de los meses, en los plazos establecidos. Como paradoja, aunque ni siquiera llegó a avanzar su tramitación, el borrador que presentó el PP en primavera de presupuestos para el actual ejercicio reflejaba un superávit inicial de casi cinco millones, al limitar la regla de gasto la consignación de las diferentes partidas hasta poco más de 100 millones.
La legislación impide a las administraciones locales elevar los presupuestos municipales por encima del crecimiento potencial de la economía española para no verse obligados a realizar un plan de ajuste.
"Siempre lo dije y lo mantengo, esta regla debe ser más equitativa con los ayuntamientos que cumplimos", indica la responsable de Facenda en la ciudad.
Quejas comunes
Esa reivindicación la comparten los regidores de la inmensa totalidad de los concellos de la provincia, con indiferencia de su color político, que claman por la flexibilización de la legislación para ofrecer mejores servicios y más inversiones a los vecinos.
Aunque por su tamaño, el resto de municipios manejan cantidades más pequeñas en términos absolutos en comparación con la ciudad, las limitaciones en las inversiones en las principales villas de la provincia, según los datos que ofrecen sus regidores, ronda en cada uno de ellos los 500.000 euros en estos momentos, cifra que en Barbadás se eleva hasta los 1,5 millones. Una de las cabeceras de comarca, Celanova, es muy crítica "co agravio comparativo que sufrimos os que temos unha débeda baixa e non tivemos que acollernos a ningún plan de pago a proveedores", indica José Luis Ferro.
Limitaciones
La estabilidad presupuestaria condiciona el uso del superávit generado, que no influye en el cómputo del techo de gasto, a amortizar deuda, liberar fondos de la cuenta 413 (pagos pendientes de aplicar a presupuesto) y a inversiones financiaremente sostenibles (que repercutan la misma cantidad que se destina a ellas).
"Este último punto es casi imposible de llevar a cabo, por no decir que es nulo", asegura Ana Morenza.
La deuda local se redujo un 37,5% en cinco años
La gestión de las administraciones locales de la provincia en los últimos cinco años ha permitido reducir su deuda viva un 37,5% en los últimos cinco ejercicios cerrados, pasando de los 88,4 millones que había al término de 2011 a los 55 con los que se cerró 2016.
Si al término del último año, eran ya 27 los ayuntamientos que habían dejado a cero su endeudamiento con los bancos, se espera que una vez se conozca la liquidación de las cuentas del actual ejercicio la lista crezca. En ella estará, por ejemplo, el Concello de Ourense, que este año ha desembolsado unos 10 millones para liquidar sus pagos pendientes.
En lo que respecta a las facturas pendientes con los proveedores, en el conjunto de la provincia se adeudan cerca de 16 millones, según los últimos datos cerrados. De esta cantidad, algo menos de la mitad se ha incluido en la cuenta 413, un mecanismo que permite aplazar a presupuestos posteriores el pago, liberando esos fondos mediante la utilización del superávit. Se trata de una práctica corriente en las administraciones locales por la complejidad en la tramitación de facturas.
