El peachímetro y el tratamiento físico-químico centraron la segunda jornada del juicio en el Penal
La falta de un peachímetro (aparato para medir el PH) en la depuradora de San Cibrao el 24 de junio del 2009, para detectar el vertido contaminante que provocó la muerte de 17.013 peces y el no funcionamiento del tanque de tratamiento físico-químico centraron la segunda sesión del juicio que se sigue el Juzgado de lo Penal por un delito contra el medio natural.
La acusación, abogado del Estado, acusación particular y la fiscal de Medio Ambiente, Carmen Eiró, aprovecharon la comparecencia de peritos, expertos y técnicos de Hidrográfica Miñ-Sil, que declararon como testigos, para tratar de demostrar en la sala que de contar con un peachímetro en la entrada de la depurado se habría detectado el vertido contaminante antes de que llegara al río y desviarlo al tanque de tratamiento físico-químico, para que ocasionara un menor impacto en la flora y fauna del río.
Los abogados de la defensa formularon preguntas para demostrar la versión contraria: que la instalación del peachímetro no era una exigencia ni estaba contemplado en la concesión y que la puesta en funcionamiento del tratamiento físico-químico no permitiría retener la contaminación en las instalaciones y, de estar activa ocasionaría daños en el cauce.
La petición de condena se redujo de tres años a uno año de prisión y a una multa de 720 euros solo para dos de los cuatro acusados
En el banquillo, los cuatro acusados, trabajadores de la empresa Espina Delfin, encargada de la gestión de la depuradora, Rosa B.R.G., Manuel C.M., Pablo R.P. y Enrique Jesús I.P., siguieron los acalorados interrogatorios, durante los que la jueza tuvo que intervenir y recordar, que estaba preguntando a un testigo y no a un acusado.
Retirar acusación
Los esfuerzos parece que dieron fruto, sobre todos los de la defensa, dado que fiscalía, abogacía del Estado y acusación popular acordaron retirar los cargos para dos de los cuatro inculpados, el operario Manuel C.M. y Pablo R. P., técnico encargado del control de funcionamiento de las instalaciones de aguas residuales en la empresa.
Pero no fue el único logro, dado que también rebajaron la petición de condena para la administradora solidaria de Espina y Delfín, Rosa B. R. G. y para Enrique J. I. P. , que desempeñaba las funciones de jefe del servicio en la planta. Los cuatro se enfrentan a tres años de prisión y una multa de 2.700 euros. La petición de condena la redujeron a un año de prisión y una multa de cuatro meses a razón de seis euros día solo para Rosa B. y Enrique J.
Por el estrado pasaron ayer el jefe de Laboratorio de la Confederación Miño-Sil, Alberto García, que nada más tener conocimiento del vertido tomó muestras del agua, tanto en el punto de vertido como en diferentes tramos del río. Aseguró que le llamó la atención que el agua presentaba “un tono de color marrón”, más ocre en las proximidades de la depuradora, que finalmente revelaron alta acidez y presencia de metales pesados.
También fue llamado a testificar Alberto de Anta, el jefe de Servicio Ambiental y Comisaría de Aguas de la Hidrográfica, que fue el que más tiempo permaneció en la sala. Este técnico cifró entonces los daños del vertido en 219.849 euros y reconoció que si se hubiera detectado un vertido tóxico nada más llegar a la depurado y se hubiera activara el tramiento físico-químico "las consecuencias en el cauce son menores", aseguró, puntualizando que siempre y cuando se tratara de un vertido muy reducido, no como el registrado en junio del 2019. A preguntas de los abogados reconoció que era difícil retenerlo mucho tiempo en las instalaciones.
Recuperación del cauce durante estos últimos años
El biólogo Jesús Mouriño realizó un informe sobre las consecuencias y daños que ocasionó el vertido tóxico a petición del juzgado, pero el experto no pudo realizar un trabajo de campo para comprobar cómo estaba el cauce. Los datos que aportó fueron recogidos de los sucesivos informes que realizaron otros expertos (perítos, agentes fluviales y fuerzas de seguridad) tras detectar la contaminación, que califió como "grave".
También fue llamada a testificar la experta de la Xunta Elisa Fernández, que recogió y contabilizó uno a uno los peces muertos, un total de 17.013. Aseguró a preguntas de acusación y defensa, que el PH del agua nada más detectarse el vertido era de menos de un 2,5 y en los días posteriores de 2,8. Esta técnica siguió la evolución de la vida acuática y una año después de registrarse la contaminación en un tramo de más de cinco kilómetros de cauce, entre la depuradora de O Piñeiral (San Cibrao y la desembocadura en el Miño) no se veían peces. En su informe argumentó que la especie que más abundaba eran las truchas. Ayer, a preguntas de los abogados de la defensa, tuvo que reconocer que en la "zona cero" del vertido, en la misma depuradora, solamente había recogida 16 piezas.
