El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de desestimar la apelación que el Concello de Ourense presentó cuando el Contencioso tumbó parcialmente la modificación de crédito de 62,5 millones de euros que aprobó al margen del pleno y sin exposición pública, en agosto de 2021, vinculada a una cuestión de confianza.
Este nuevo varapalo judicial, al considerar el alto tribunal gallego que el Concello vulneró la ley por no permitir aportaciones ciudadanas, pone en peligro gran parte de la inversión realizada por el gobierno local. Y es que el TXSG obliga al gobierno local ourensano, a retrotraer el expediente al momento de abrir el plazo de exposición pública. Todo esto sumerge en dudas todo lo que está en marcha en materia de obras.
El TSXG ha ratificado lo acordado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense en mayo de 2022, a raíz de una demanda interpuesta por cuatro concejales del PSOE en la ciudad y rechaza el recurso de apelación del Concello de Ourense, que ahora anuncia su intención de recurrir al Tribunal Supremo.
En todo caso, desde el PSOE creen que el Supremo inadmitirá este recurso, que es solo una “manobra de dilación” del alcalde. La decisión del TSXG, además de ser un “toque de atención” a la gestión del alcalde, supone una posible “parálise” de gran cantidad de proyectos, por culpa de la negligencia del regidor, ya que habrá que sacar de nuevo a exposición pública y llevar a sesión plenaria estas cuestiones, señala el socialista Rafael Villarino.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 había emitido una sentencia con fecha 20 de mayo en la que estimaba parcialmente el recurso socialista atendiendo a la doctrina del Supremo y ordenaba “retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente posterior al transcurso del plazo de un mes para la presentación de la moción de censura” y realizar una “exposición pública de la aprobación inicial de la modificación presupuestaria durante 15 días hábiles” para someter al pleno las reclamaciones que se puedan presentar. Esto supone una amenaza inmediata a la inversión comprometida por el gobierno local.
En el PSOE, creen que se confirma que el alcalde actuó “de maneira antidemocrática” al haber aprobado esta millonaria modificación “impoñendo a súa vontade para levar a cabo un proxecto individual sen intervención plenaria”. De hecho, Jácome impidió que el pleno y los ciudadanos formulasen alegaciones pese a estar en franca minoría. “A aprobación definitiva dunha modificación orzamentaria non cabe sen que se acorde unha fase de exposición ao público da mesma, e sen que as alegacións que se puideran presentar sexan resoltas polo pleno”, añade.
Por su parte, Luis Seara, portavoz y candidato del BNG, considera que “non hai nada máis perigoso e nocivo para o interese público que un irresponsable manexando diñeiro público”.
Entre el montante de 62,6 millones del expediente, la mayor inversión es para renovar la flota de autobuses urbanos (14 millones), cuya construcción está en marcha, seguida de los 10 millones destinados a proyectos de movilidad vertical (escaleras mecánicas, hasta ocho licitadas); dos millones para contenedores; cuatro para mejorar parques infantiles y otras partidas como la instalación de cámaras en el Casco Vello y radares o ayudas de emergencia social.
Así fue todo el procedimiento que ahora anula el alto tribunal gallego
El proyecto de modificación presupuestaria 2 P/2021 fue aprobado por la junta de gobierno local el día 24 de mayo de 2021, y presentado ante el pleno del Concello del día 9 de junio de ese mismo, que rechazó la propuesta. Ese mismo día, la Alcaldía formuló una cuestión de confianza ante el pleno, vinculada a la aprobación por parte de la corporación de la modificación de los presupuestos.
El pleno, por cinco votos a favor, 14 en contra y siete abstenciones, acordó rechazar la cuestión de confianza. En consecuencia, se abrió un plazo de un mes para la presentación de una moción de censura con candidato alternativo a la Alcaldía. Después de vencer dicho plazo sin que se presentara, se entendió otorgada la confianza, por lo que quedó aprobada la modificación. Sin embargo, la Justicia, que avala la posición del PSOE, entiende que debería haber un plazo de alegaciones y un pleno posterior y ordena volver a ese último punto.
