Revés para las traseras de la avenida de Portugal

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a la que el Concello de Ourense había pedido una aclaración de una sentencia anterior en relación con 100 viviendas de las traseras de la avenida de Portugal, ordena la ejecución de aquella resolución que declaraba que ha lugar al recurso de casación del promotor Edificaciones Cruceiro frente a los autos de 2014 y 2015 dictados por el TSXG; es la sentencia que acordaba casar y anular dichos autos y "ordenar la continuación del incidente de ejecución de sentencia para dar cumplimiento a lo acordado en la misma".

Esto es, que debe cumplirse una resolución del Tribunal Supremo del año 1999 que ya daba la razón al promotor y mandaba reparcelar el terreno, correspondiente ahora -pues las parcelas que dan a la calle están construidas desde 1992- a las traseras de esas calles. Esto hace inviable la reparcelación salvo que se derriben inmuebles, por lo que el denunciante podría negociar una indemnización.

A la espera de esa decisión final, el auto del Supremo declara que no ha lugar a aclarar nada porque "los razonamientos de la sentencia y el contenido son suficientemente claros"; y puntualiza que esas aclaraciones sólo se producen para clarificar algún concepto oscuro pero "no alterar su contenido".
Por ello, el Alto Tribunal considera que su sentencia, que ahora obliga al Concello a derribar las viviendas o a indemnizar a la promotora, ya declaró con claridad que había lugar al recurso de casación interpuesto por Edificaciones Cruceiro. 

Se deniega, por tanto, la aclaración solicitada y se ordena la ejecución de la sentencia que reconocía a la constructora su derecho al reparto de cargas y beneficios de esta zona. Por cierto que el abogado de la promotora, Feijóo Miranda, alertó de que es el abogado Carlos Hernández (juzgado con Aurea Soto por el caso de la plaza de San Antonio) el que sigue defendiendo al Concello en este asunto, pese a que, asegura, ya expiró su contrato de asistencia jurídica.