La Diputación pretende vender cuatro parcelas para completar la liquidación de Urbaourense
La comisión liquidadora de la sociedad urbanística de la Diputación, Urbaourense, acordó sacar de nuevo a subasta cuatro de las seis las parcelas de su propiedad en la Finca Santamarina, por el mismo precio mínimo que en el intento anterior, fracasado porque no hubo empresa o particular interesado en abonar los 9,5 millones de euros más Iva (lo que eleva el coste final a cerca de 11 millones) fijados en 2012, momento en que se convocó esa primera subasta, cuando aún no se había acordado la disolución de la sociedad.
El acuerdo de intentar venderlas de nuevo fue adoptado en la reunión mantenida ayer y cuenta con el rechazo del BNG, aunque se impuso el criterio defendido por el gobierno provincial del PP.
Según el secretario de la Diputación y de la comisión liquidadora -es realmente el antiguo consejo de administración de Urbaourense, constituido en esta comisión para liquidar la sociedad-, Francisco Cacharro, salen a subasta, en cuatro lotes, otras tantas parcelas adscritas a Urbaourense, aunque la Diputación es propietaria de dos más, que ganó tras un pleito con la promotora Flager, que había comprado toda la Finca Santamarina en la década de los años 90. Cacharro cree que es una buena inversión, si el interesado cuenta con ese dinero y no lo necesita para afrontar otros gastos. Reconoce, con todo, que la situación del mercado inmobiliario con la crisis y la inseguridad urbanística de la ciudad, con un planeamiento anulado y otro todavía pendiente de aprobación, no favorecen la adquisición. Se abre, pues, un plazo de 60 días para que se presenten propuestas.
El portavoz provincial del PP, Plácido Alvarez, aseguró, como Cacharro, que la venta de las parcelas no tiene por objeto obtener liquidez para afrontar la eventual devolución de los 10,2 millones de euros que reclama la Oficina europea contra el fraude puesto que, aunque se contempla esa posibilidad -reconoció el secretario-, se agotarán todos los recursos y trámites legales para evitarlo. Además, dicen, la institución está en una situación económica favorable -obtuvo el año pasado 16 millones de superavit, según Alvarez- y no será necesario lograr los fondos con esa subasta. Por eso se decidió, argumentan, no bajar el precio tasado por los peritos en la anterior subasta, "mellor que queden aí as parcelas que malvendelaas", dijo Alvarez.
Ocurre que el grupo provincial del BNG, representado en la comisión liquidadora por Xaime Oscar Iglesias, ha criticado el nuevo intento de venta como la peor decisión política de la institución, al tiempo que pide que esa finca se convierta en un gran parque público para la ciudad. Tampoco está de acuerdo con el pliego de condiciones de la venta, especialmente por la valoración de los lotes, entre otras cuestiones. Por ello, suscribe el criterio del grupo municipal nacionalista en el Concello de Ourense, que alegó contra la ordenación prevista en ese área (AR 39) y pide a Baltar que negocie con Flager y recupere toda la finca.
