Judicial

Sancionado el ex fiscal jefe de Ourense y amonestado el fiscal superior de Galicia

Se imponen a Florentino Fernández diez meses de suspensión y una multa de 2.500 euros por dos faltas muy graves y otra dos graves

La fiscal general, María José Segarra, ha sancionado al ex fiscal jefe de Ourense y amonestado al fiscal superior de Galicia. Al primero, Florentino Fernández, le impone 10 meses de suspensión y multa de 2.500 euros por lo que considera dos faltas muy graves y otras dos graves: "inobservancia del deber de abstención; ignorancia inexcusable en el cumplimiento de sus deberes; y dos abusos de autoridad" en relación a la conducta desplegada hacia una letrada ante la que supuestamente mostró "animadversión" y hacia una  trabajadora de su despacho.


Recurrirá en vía judicial


El propio afectado confirmó el viernes a este diario que recurrirá la sanción en vía judicial, es decir, ante la sala contencioso administrativa de la Audiencia Nacional.

La acción disciplinaria también afecta al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, en este caso con una advertencia, la sanción más leve que contempla el estatuto, por desatención.

Los hechos que dieron pie a este expediente tienen su punto de partida en la denuncia de la exconcejala socialista Áurea Soto  en el año 2014  contra el exalcalde Manuel Cabezas por no reclamar para el Concello  las cesiones urbanísticas a los promotores (el 10% del terreno).

Los abogados de la denunciante se quejaron por la demora en la tramitación del caso penal -prevaricacion continuada y malversación agravada- cuando el propio Delgado (que no veía indicios de delictivos) se hizo cargo de él.  Pusieron una queja ante Suanzes, que ordenó la apertura de unas diligencias de investigación, que asumió el propio fiscal jefe de Ourense. Este, además, citó a una letrada de Soto hasta en cinco ocasiones bajo el apercibimiento de una posible detención si no acudía.

Delgado Ayuso ya no es fiscal jefe de Ourense desde antes del verano al pedir un cambio de destino -Madrid- coincidiendo con una suspensión cautelar acordada por la Fiscalía General en abril en relación a otro expediente por una falta muy grave a raíz del conflicto que mantenía con la  Xunta para que abandonase la vivienda que le habían concedido en 2005 cuando llegó a Ourense .

El fiscal aportó documentación de descargo para demostrar que la situación se había regularizado cuando decidió asumir la renta con carácter retroactivo (desde 2016) y el propietario del piso retiró la demanda contra la Xunta por impago.

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