La huelga indefinida, que arrancó el pasado 7 de febrero, continúa convocada, al considerar que el Gobierno gallego no buscaban acuerdos sino imponer sus condiciones
El comité de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia ha acusado a la Xunta de Galicia de estar "interesada" en prolongar el conflicto para "ganar" dinero, mientras los trabajadores son "los primeros interesados" en negociar, aunque "no a cualquier precio".
La huelga indefinida, que arrancó el pasado 7 de febrero, continúa convocada por los sindicatos SPJ USO, Alternativas na Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO, que el pasado martes rompieron negociaciones con los representantes del Gobierno gallego, al considerar que estos no buscaban acuerdos sino imponer sus condiciones.
Fuentes de comité de huelga han explicado a Efe que sus miembros están "muy contentos" con un seguimiento que "sigue siendo espectacular" debido a que "los compañeros cada vez están más indignados y cada vez más concienciados".
Los mensajes, según explican, son de "resistencia" y de "lucha", con "más razones para seguir la huelga cada vez que habla Rueda", aclaran en referencia al vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Justicia.
El comité defiende que los siete sindicatos "hablan con una sola voz, todos a una" y que cuentan con el respaldo de muchos trabajadores, aunque el Gobierno gallego mantiene que una importante cantidad de estos no comparte sus reivindicaciones.
"Rueda dice que está abierto a las negociaciones pero no nos convoca. Además, el último encuentro no fue una negociación. Si alguien es intransigente, no está negociando. En otras comunidades la administración se sienta y negocia, pero aquí no se mueven de su última oferta", añaden las mismas fuentes.
La representación social recuerda que el último movimiento en la negociación salarial lo hicieron los trabajadores, "con una gran bajada", por lo que entiende que ahora debe ser la Xunta la que haga una nueva propuesta, aunque la mantiene desde el 12 de febrero.
"No volveremos a sentarnos mientras esté (José María) Barreiro (director general de la Función Pública). No tiene talante de negociación", agregan.
Sostienen que lo que separa a los interlocutores sindicales y a los de la Xunta es que los primeros "están dispuestos a negociar" y los segundos, en cambio, "imponen" y "presentan documentos con muchos errores y desactualizados".
"La gran diferencia es que esta huelga nos supone una pérdida retributiva. Los primeros interesados somos nosotros, pero no a cualquier precio. A la Xunta, en cambio, le interesa el conflicto. Cada día que pasa, gana dinero. Llena sus arcas con nuestros sueldos", añaden fuentes del comité.
Porcentajes de seguimiento
El seguimiento de la huelga se ha situado durante la jornada de este jueves, según los sindicatos, en un 93 % en Pontevedra, un 90 % en Vigo, un 88 % en Ourense, un 82 % en Ferrol, un 81 % en Lugo y Santiago y un 75 % en A Coruña; y por encima de un 90 % en los partidos judiciales más pequeños.
Durante la jornada ha habido concentraciones en la mayoría de ciudades para analizar la situación tras el plantón de las negociaciones esta semana.
Además, el sindicato CSIF, a través de un comunicado, explica que, como sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y en la Justicia en todo el Estado, promueve el apoyo y solidaridad de las Juntas de Personal de todos los ámbitos territoriales al conflicto existente en Galicia.
Llama a apoyar la manifestación convocada este sábado en Santiago de Compostela y considera que la Xunta promueve una Administración de Justicia "low cost" (de bajo coste) con unas diferencias retributivas respecto a "los mismos Cuerpos nacionales destinados en otras comunidades con competencias en Justicia del orden de trescientos euros al mes por funcionario por realizar las mismas funciones, tener las mismas responsabilidades y desempeñar el mismo puesto de trabajo".
"Los gobernantes de la Xunta han encontrado en la transferencia de la Justicia una fuente de financiación para tapar otros `agujeros` originados por su mala gestión política", dice el sindicato, que asegura que el Gobierno central "transfiere cada año una cantidad que equivale prácticamente al cien por cien de las retribuciones de los funcionarios de Justicia destinados en Galicia".
Las negociaciones quedaron rotas el martes con desacuerdo en los cinco puntos que reivindican los trabajadores: igualación del complemento salarial autonómico con las demás comunidades, que no haya descuentos por bajas por enfermedad, conversión de refuerzos en fijos, recuperar las plazas amortizadas y que los trabajadores sustitutos cobren según el trabajo que realizan y no conforme a su categoría anterior.
