El alto tribunal ourensano tiene en su haber la impugnación presentada por los aludidos
La Audiencia de Ourense tiene ya en su poder el recurso de apelación del Ministerio Fiscal en el que apela la absolución de la exconcejal de Urbanismo Áurea Soto y el abogados coruñés contratado como asesor externo Carlos Hernández de prevaricación urbanística, en relación a las licencias de obra y actividad dadas por la junta de gobierno de 5 diciembre de 2007 al parking subterráneo de la plaza de San Antonio. Asimismo, el alto tribunal ourensano tiene en su haber la impugnación presentada por los aludidos.
A partir de ahora, la sala deberá decidir si estima los argumentos de los encausados, absueltos por el Juzgado de lo Penal 2, o el planteamiento de la fiscal aduciendo que la sentencia incurre en infracción de ley y que hubo error al valorar las pruebas practicas en el juicio, reclamando la celebración de una nueva vista. A la petición del ministerio público se adhirió la acusación popular, ejercitada por una hija del promotor inmobiliario Bautista Rodríguez Díaz.
La letrada de Soto en su contestación a la apelación califica el recurso del ministerio público de "temerario". Así, dice, entre otros argumentos, "que hay una pretensión encubierta de revocación de un pronunciamiento absolutorio con modificación de los hechos que el Penal 2 declara como probados, lo que, tal como añade, la jurisprudencia constitucional ha descartado.
Asimismo, reitera que la fiscal ignora resoluciones del TSXG que dan la razón a la exedil pero también "el principio de intervención mínima del derecho penal" en tanto que sería la jurisdicción contencioso-administrativa en la que se debería estar discutiendo las licencias otorgadas.
