La Región

El SUP se querella por el anónimo que atribuyó delitos graves a policías

El sindicato dice que al juez de la "Zamburiña" le faltaba motivación y fudamentos para impulsar el caso

El SUP se querella por el anónimo que atribuyó delitos graves a policías

Cuando el juez de instrucción 1 de Ourense está a punto de cerrar la instrucción de la llamada operación Zamburiña contra el tráfico de drogas, por una supuesta trama de corrupción policial en la Comisaría de Ourense, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) acaba de presentar una querella para personarse en otro proceso penal, el que investiga la autoría de las calumnias vertidas en el anónimo que en 2014 dio pie a la investigación por parte de la Unidad de Asuntos Internos. Precisamente, esa investigación, en la que también hubo escuchas y seguimientos, determinó que cuatro agentes del cuerpo se vieran salpicados en una trama en la que también están incursos conocidos traficantes (se les investiga por supuestamente favorecerlos).

Ahora bien, el SUP sigue proclamando la presunción de inocencia de los policías que figuran en las diligencias previas de la Zamburiña, entre ellas el inspector que era responsable del grupo de drogas, actualmente suspendido del servicio. Por esta razón, presentó escrito de querella contra el autor o autores del anónimo que dio inicio a la causa principal por delitos de amenazas, coacciones, contra la integridad moral, omisión de perseguir delitos, encubrimiento, injurias, calumnias y denuncia falsa. Hasta la fecha, el agente Celso Blanco se responsabilizó de ese anónimo antes de quitarse la vida en abril del pasado año. Para ello, utilizó una de las seis armas robadas en un búnker de la Comisaría (en ese anónimo responsabilizaba de la sustracción a los policías investigados, entre otros muchos). 

El secretario general del SUP en Galicia, Roberto González,  justifica esta querella en "la falta de motivación y fundamentos del juez de instrucción para impulsar las actuaciones -en alusión a la Zamburiña- sin tener en su poder todos los elementos necesarios para conceder la autorización de las intervenciones telefónicas efectuadas a los  policías, vulnerando así un derecho fundamental de los mismos".

Asimismo, argumenta que en estos tres años de instrucción "han quedado patentes las posibles irregularidades cometidas por Asuntos Internos durante la investigación". Y las enumera: "La negativa de esta unidad a aportar desde el primer momento el texto íntegro del anónimo que motivó el inicio de las investigaciones; la falta de rigor y los errores en la auditoría realizada por Asuntos Internos en relación con las consultas de datos restringidos de uno de los encausados (...) y la aportación fragmentada y sesgada de las intervenciones telefónicas".