El recurso presentado por dos condenados por el asesinato y encubrimiento de un narcotraficante al que iban a comprar droga ha sido desestimado por el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación interpuestos por dos de los seis condenados por su implicación en la compra-venta de droga y posterior asesinato en Vistahermosa de un narcotraficante arousano en septiembre de 2005. De esta forma, el Supremo confirma la sentencia que condenaba a José Antonio Fernández Fernández a 21 años y medio de cárcel por los delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas y a Carlos Pérez Pérez a siete años de prisión por los delitos de tráfico de drogas y encubrimiento. Los otros cuatro implicados en el caso, condenados con distintas penas, no habían recurrido el fallo de la Audiencia provincial, que ya se ha ejecutado.
Las defensas de ambos acusados alegaban en sus recursos que las pruebas inculpatorias eran insuficientes por tratarse de las declaraciones de los imputados en la fase de instrucción. El tribunal desestima este motivo al entender que las declaraciones de los demás acusados estuvieron corroboradas por otros indicios externos y objetivos.
Además, la defensa de Fernández negaba que tuviera intención de matar a la víctima (alevosía), lo que el tribunal desestima por entender que la víctima carecía de cualquier posibilidad de defensa. Su última alegación se refería a la posesión de un arma sin licencia, lo que carece de fundamento por cuanto se declara probado que el acusado no sólo poseía el arma sino que efectuó los disparos sobre la víctima.
Las defensas de ambos acusados alegaban en sus recursos que las pruebas inculpatorias eran insuficientes por tratarse de las declaraciones de los imputados en la fase de instrucción. El tribunal desestima este motivo al entender que las declaraciones de los demás acusados estuvieron corroboradas por otros indicios externos y objetivos.
Además, la defensa de Fernández negaba que tuviera intención de matar a la víctima (alevosía), lo que el tribunal desestima por entender que la víctima carecía de cualquier posibilidad de defensa. Su última alegación se refería a la posesión de un arma sin licencia, lo que carece de fundamento por cuanto se declara probado que el acusado no sólo poseía el arma sino que efectuó los disparos sobre la víctima.
