El aparejador municipal hasta 2008 dijo al juez que el Concello debió cobrarlas desde 1997
El arquitecto técnico municipal que firmó el informe realizado a petición de la concejala de Urbanismo de Ourense para ser incorporado a la denuncia presentada en el Juzgado por la decisión del gobierno municipal del PP de eximir a promotores y constructores de ceder el 10% de aprovechamientos urbanísticos entre 1997 y 2002, cree que la cesión "debería haberse efectuado desde el año 1997". Jesús Hipólito Lorenzo declaró ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad en calidad de testigo pues trabajó en el Concello desde 1991 hasta 2008 como técnico de Urbanismo. Él dijo que un informe del entonces secretario municipal, Mariano Rodríguez, avalaba la exención del 10% y, cuando se le preguntó si había pedido explicaciones de por qué no se efectuaba la cesión, simplemente se pedía que "se remitiera al informe al informe del secretario general".
El aparejador fue uno de los dos testigos que comparecieron ante el juez, y también lo hacía la denunciante, la concejala de Urbanismo, Aurea Soto, que ayer ratificó su denuncia ante el Juzgado. La edil, que también prestó declaración, declaró que la supuesta defraudación de la que fue víctima el Concello por este motivo es la que calcularon el arquitecto municipal y el aparejador en el año 2004, algo más de 1.651.000 euros. Soto dijo al juez que entre 1997 y 2002 "los propietarios se quedaron con el 100% del aprovechamiento urbanístico" pese a que sólo tenían derecho al 90% y, además, eso pasaba "sistemáticamente". Por eso, declaró que intentó revertir esa situación para que no se repitiese en el proyecto de compensación yen el Campus, donde el promotor es Bautista Rodríguez, autor de varios pleitos contra el Concello. Precisamente, la edil declaró que en el año 2004 sabía que el promotor del terreno al lado del Campus se iba a llevar el 100% de aprovechamiento, razón por la que lo denunció y logró que se archivase el mismo en 2007.
Aurea Soto dijo al juez que cree que los responsables de esa exención son el alcalde que gobernaba en esos años, la junta municipal de gobierno y el concejal de Urbanismo, precisando que en aquel período hubo varios ediles, citando expresamente a Ricardo Campo Labrador y Enrique Nóvoa.
Reconoció haber solicitado el informe a los técnicos para que esa exención no se "volviese a permitir más" y precisó que "cambiar ese estado de cosas le costó bastante".
También ayer declaró como testigo el arquitecto Alfonso Pavón, coautor del informó que valoró el dinero perdido para el Concello. Señaló que lo hizo a petición de la concejala, limitándose a hacer esa ese documento pero sin comprobar si había habido o no cesiones urbanísticas,matizando que él no era funcionario municipal entre 1997 y 2002. Sí le consta que comenzaron a ejecutarse las cesiones urbanísticas a partir de 2003, confirmando después que antes de esa fecha no se producían.
