La segunda jornada del juicio por supuestamente “regalar” a los promotores inmobiliarios de la ciudad el 10% del suelo en 15 proyectos urbanísticos aprobados entre 1997 y 2003, en la que se juzga al exalcalde de PP Manuel Cabezas y al exedil de Urbanismo Ricardo Campo Labrador por prevaricación en concurso medial con malversación de caudales públicos, se centró en las declaraciones de los técnicos del Concello. Los que aún están, los que están de baja y el que ya no está (el secretario Mariano Rodríguez falleció).
José Manuel Oliver, el actual jefe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, reconoció que dio el visto bueno a cinco proyectos de compensación aunque en todos hizo una advertencia. “Puse de manifiesto que no se hacía la cesión del 10% (al patrimonio municipal) con un claro incumplimiento de la ley urbanística vigente”, aseguró en el plenario. Pese a ello, informó favorablemente los expedientes “porque había un acuerdo -añadió- que no podía obviar”. Oliver aludió así al pleno de diciembre de 1994, que a propuesta del secretario Mariano Rodríguez, acordó con 26 votos de 27 eximir de la cesión en los polígonos de suelo urbano no consolidado por la indefinición urbanística de ese momento. El Plan general vigente en ese momento (el PXOM de 1986), el mismo de ahora porque se tumbó el de 2003, ofrecía dudas en cuanto a la calificación del suelo.
“No haría bien mi trabajo si obvio un acuerdo plenario adoptado por la mayoría de la Corporación en 1994 a la hora de informar los expedientes”, aclaró.
Por el principio de jerarquía normativa, la legislación autonómica y estatal del suelo prevalecía, cuando entró en vigor en 1997 y 1998, sobre el acuerdo plenario, un acto administrativo que no se anuló “auque debía haberse expulsado del ordenamiento jurídico”.
El técnico cree también que el concejal de Urbanismo “debería haber aclarado las advertencias reiteradas de ilegalidad de dos personas distintas” (él y un arquitecto técnico que declaró este martes), pero “es cierto que el secretario tenía otro criterio”.
Otras dos funcionarias consideraron en sus informes que la cesión era obligatoria, pero también matizaron que el secretario, su superior jerárquico, iba por otro lado.
El interventor, Gonzalo Alonso, habló sobre el informe del Consello de Contas de 2004 que fiscalizó al ente local con sus auditores y “analizó mucha documentación”, advirtiendo las irregularidades urbanísticas. Y recordó que el Consello de Contas “tiene mecanismos propios para poner de manifiesto las actuaciones que merecen un reproche penal o contable”, lo que no ocurrió.
"Pelotazos urbanísticos"
La sesión de este martes la cerró el que fuera secretario Mariano Rodríguez entre 1991 y 2005 (falleció en febrero de 2021). La sala escuchó la grabación de 40 minutos que se hizo en enero de 2017 en un juzgado de León, en donde declaró como testigo por exhorto ya que estaba jubilado y residía en esa ciudad. En su comparecencia arremetió contra Cabezas, con el que se enfrentó a través de los medios de comunicación y posteriormente en los tribunales cuando lo acusó de lucrarse con pelotazos urbanísticos. El aludido se querelló por calumnias y Rodríguez fue condenado en 2008 a un año y tres meses de prisión y a pagar una indemnización de 6.000 euros por el daño moral causado al político.
En este contexto de enemistad previa, el testigo responsabilizó a Cabezas de haber operado con una “administración paralela” y de remitirle “los menos expedientes posibles”. “Había que preguntar al señor alcalde y a sus concejales de urbanismo cuál fue la causa de que no se incluyera el 10% de aprovechamiento porque la mayoría de esos expedientes no pasó a informe mío: lo hizo la administración paralela”, aseguró en 2017. Más aún, llegó a decir que recibía presiones. “Cada vez que tenía que informar, tenía la presión del alcalde de que hiciera las cosas para salvar todos sus pelotazos; yo no podía salvar sus pelotazos (…)”.
El secretario informó dos -a favor de su aprobación- de los 15 expedientes que Áurea Soto, la exedil socialista que inició este pleito, recoge en su denuncia y que acarreó al ente local un supuesto perjuicio económico de 1,6 millones de euros.
