MIGRACIÓN

El permiso laboral y la homologación de títulos lastran a los venezolanos

Sonia Sánchez, Francis Fernández, María Fernanda Ruiz, Mónica Janeiro y Manuel Pérez (ÓSCAR PINAL).
photo_camera Sonia Sánchez, Francis Fernández, María Fernanda Ruiz, Mónica Janeiro y Manuel Pérez (ÓSCAR PINAL).
La comunidad más numerosa, ante una contradicción: se censan y sus hijos van a clase, pero muchos no pueden trabajar

La comunidad venezolana es cada vez más amplia en Ourense, consolidándose como el primer colectivo de extranjeros no europeos. Sin embargo, este colectivo se enfrenta a cada vez más problemas, no de convivencia, sino de falta de integración laboral, al estar en una especie de "limbo", lastrado por la burocracia, el problema de la homologación de los títulos y la denegación de permisos laborales, que les obliga a trabajar en negro.

Con un nuevo Gobierno a punto de conformarse, los colectivos que luchan por los derechos de los venezolanos son tajantes a la hora de pedir mejoras. "La Ley de Emigración tiene que servir para integrarnos en positivo. Si dejas entrar a la inmigración, hay que usar canales para que puedan trabajar", indica Manuel Pérez, presidente de la Federación de Venezolanos de Galicia (Fevega). 


Modus operandi


La mayoría llega con visado de turista y se queda. "Es cierto que no hay persecución migratoria, pero viven en el limbo", dice Pérez. La gente se ve obligada a estar tres años de forma irregular para poder tener permiso de residencia y de trabajo. "Cómo vas a vivir sin papeles si ya nos cuesta vivir a los que los tenemos", se pregunta. 

Muchos optan, dice María Fernanda Ruiz, que asesora en la oficina itinerante, "por pedir la protección y asilo internacional por razones humanitarias. Te dan la tarjeta roja, que dura un año pero no autoriza a trabajar. El problema es cómo te legalizas. Después para que te den la residencia hay que tener trabajo a tiempo completo por un año. Nadie lo consigue. Se necesita un permiso para trabajar, no puede trabajar en negro. No se puede pretender que venga todo el mundo y no dar permiso de trabajo". 

La mayoría se topa con que no los pueden contratar "hasta que no acrediten tres años viviendo, y después necesitas que te hagan un contrato de un año. ¿Quién lo hace?". Esta situación genera una contradicción: los hijos pueden ir al colegio, se pueden censar en el Concello y tienen derecho a la sanidad, pero no pueden tener permiso de trabajo. "Parece que dicen: roba o trabaja en negro. No tiene sentido", apunta Francis Fernández. En ese sentido, Pérez recuerda que "mi papá, de Celanova, llegó a Venezuela y le dejaron entrar y usar todos los canales para trabajar. Lo integraron el primer día". 

El colectivo resalta que se haga gala de atraer a la gente que "escapa" de Venezuela y que, una vez aquí, todo se complique. "Hay que conceder un permiso para trabajar, si no, ¿para qué nos dejan venir", se pregunta Fernández. "Si mi marido es español y quiero traer a mi hermana, no puedo. E incluso al cónyuge no le dan la residencia si su pareja no acredita dinero para mantenerlo". 


Permisos humanitarios


España ha concedido en lo que va de 2019 casi 29.000 permisos de residencia por razones humanitarias a venezolanos, según datos del Ministerio del Interior. Esta cifra supone el 65,3% del total de 44.163 expedientes instruidos. Aún así, en agosto había más de 127,520 solicitudes pendientes de resolver. 

Cada vez más venezolanos llegan sin arraigo familiar y sin nacionalidad, y se topan con la traba de carecer de permiso de trabajo. "No puede ser que no dejen otra opción que trabajar en negro. Yo tengo la nacionalidad, pero los que llegan sin ella están condenados. La ley de emigración ha de ser clara, o me dejas entrar con todo, o no", afirma Pérez. 

La burocracia también lastra. "son tan largos los trámites para emprender que hay gente que se va a Vigo o A Coruña", sostiene Sonia Sánchez, ingeniera informática, venezolana residente en Ourense. "Yo me apunté a un programa de emprendedoras con una amiga y aún no nos han llamado", lamenta. 


Más cursos


La comunidad venezolana "no quiere privilegios. Pero hay que aprovechar la llegada de gente preparada. Necesitamos cursos de capacitación, la gente quiere trabajar pero necesita un título acreditativo", dice Lorenzo González, presidente de Alma Llanera. Los colectivos cifran en 10.000 los venezolanos que hay en la provincia. "Ourense es la que más tiene, la mayoría de los emigrados era de esta provincia, y ahora muchos de los descendientes regresan", indica Pérez.

El perfil de los que llegan es claro, tal y como nos explica Fernández. "La mayoría tiene un arraigo, son profesionales, con ganas de emprender y unos perfiles que se pueden aprovechar en Ourense". Lorenzo González apunta en la misma dirección: "Llegan con experiencia, y la educación venezolana es muy buena en ámbitos como medicina, ortodoncia. Se deberían agilizar trámites en la homologación en carreras técnicas que aquí son demandadas, como servicios sanitarios. Mientras, se deberían agilizar cursos de capacitación para que tengan un título y tener un puesto relacionado con lo suyo. En los cursos, la mitad son venezolanos. Eso demuestra la necesidad de mostrar un título. Y es gente joven que quiere quedarse". 

La homologación de títulos copa las consultas. "Acaba de venir una chica con tres títulos, preocupada, porque la homologación se demora dos años y en Venezuela no te la sellan", dice Fernández. La "saturación" por el exceso de solicitudes ante el Gobierno de España supone un lastre y les impide ejercer las profesiones que estudiaron allá. 

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