La enfermedad psíquica que padece Vanesa L.P. la exime del delito de sustracción de menores y abandono de familia por el que estaba acusada por la Fiscalía de Ourense y por su expareja, el padre de las dos niñas. Pero, aunque la jueza del Penal 2 la absuelve, le impone una medida de seguridad de libertad vigilada: la obligación se seguir tratamiento médico externo adecuado a su patología mental (trastorno psicótico agudo) durante un máximo de cinco años, que deberá recibir en la Unidad de Psiquiatría en donde está siendo atendida.
La inculpada se llevó a sus hijas de 6 y 11 años a Verín desde Barakaldo, en donde estaban escolarizadas, en marzo de 2017 sin el consentimiento del padre. Aunque en un principio ella tenía la guarda y custodia de las menores, el progenitor pidió un cambio de medidas a tenor de la salud psíquica de su expareja. Un juzgado así lo acordó porque la madre no estaba tomando la medicación y hubo varios incidentes relacionados con la alteración de su conducta por lo que incluso tuvo que ser ingresada.
Vanesa, a pesar de haber recibido la notificación para que los niños siguieran escolarizados en Barakaldo y entregarlos al padre, no lo hizo. Lejos de acatar los ordenado, se fue a Ribeira (A Coruña) permaneciendo en paradero desconocido hasta que el 28 de julio, cuando fue detenida. La llamada de un particular permitió localizar a la acusada en un caravana. Las niñas, que estuvieron sin ir a la escuela desde el 17 de febrero, fueron entregadas a la tía paterna el 19 de agosto de 2017.
La jueza destaca que "durante más de cuatro de meses el progenitor y las menores se vieron privados de la posibilidad de relacionarse, frustrándose, además ,con la actuación de la acusada la posibilidad de realización efectiva de los mandatos recogidos en el auto de 23 de marzo de 2017, por el que se le atribuía la guarda y custodia al progenitor".
La sentencia hace hincapié en que "la privación de contacto y privación de comunicación entre el padre y las niñas fue total y absoluta". Ello, según la magistrada, "permite evidenciar claramente la angustia que el padre tuvo que experimental sin saber nada de sus hijas durante cinco meses". Máxime, añade, cuando su hija mayor envió al padre un mensaje el 24 de febrero en el que se evidenciaban "las malas condiciones psicológicas en las que estaba la madre".
La inculpada aseguró en el juicio que huyó con sus hijas porque tenía miedo a su expareja, que fue condenado por malos tratos y tenía en vigor una orden de alejamiento. Pero, según la sentencia, "no se ha aportado la más mínima prueba que nos permita considerar el fundamento objetivo de este supuesto temor".
La sentencia asegura que hubo una sustracción de menores y abandono de familia (la niñas no fueron a clase desde febrero y la mayor tuvo que repetir curso). La togada considera que Vanesa tenía anuladas sus facultades en la fecha de los hechos. Alude al contenido "escalofriante" de los mensajes de niña mayor a su padre relatando las cosas que les decía la madre y que ilustran "el estado psicológico en el que se encontraba la madre". La inculpada se consideraba perseguida y padecía ideas delirantes (creía que la iban matar a ella y sus hijas, que los moros les robaban, que el padre y su familia estaban investigados...). La forenses explicó en el juicio que con ayuda de la medicación se podría controlar, que no anular, las ideas delirantes y de persecución pero no la tomó en el tiempo en que estuvo huida con sus hijas, tal como evidenció el historial clínico al que accedió la perito.
Aprecia la eximente completa de anomalía psíquica ya que "las facultades intelectivas y volitivas de la acusada estuvieron completamente anuladas durante ese periodo". Adopta una medida de seguridad para evitar que reincida ya que necesitará el resto de su vida tomar medicación para tratar su trastorno psicótico y que servirá para controlar la enfermedad pero sin eliminar por completo las ideas delirantes.
