El TSXG ha reconocido finalmente la inejecutabilidad del derribo de los edificios y el parking de la Plaza de San Antonio, en la ciudad, después de conocer la propuesta del Concello, que dio licencia a los inmuebles e indemnizará a la denunciante.
Los edificios, establecimientos comerciales y parking de la Plaza de San Antonio han quedado definitivamente legalizados y alejados de la amenaza judicial de derribo después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) accediese a la petición efectuada hace un año por el Concello de Ourense que, tras otorgar licencias a los inmuebles irregulares, pidió la inejecución definitiva de las demoliciones.
La decisión, conocida hace muy pocos días en el Consistorio, permite dar carpetazo a un conflicto urbanístico y judicial que se remonta a 10 años y que amenazaba al Concello con afrontar los gastos e indemnizaciones del derribo de edificios en los que se alojan sesenta familias, un gasto que el gobierno local ya había estimado en cerca de 40 millones de euros, una cifra que hipotecaría al Concello durante muchos años.
El Tribunal Superior había desestimado ya una petición de inejecución, presentada por el anterior gobierno municipal, alegando que era imposible declarar inejecutable la sentencia de demolición que había dictado con anterioridad porque no se habían concedido nuevas licencias de obra, ocupación o apertura que permitiesen legalizar la situación de los inmuebles afectados. Cuando el bipartito accedió al poder, la orden de derribo se encontraba sobre la mesa de la alcaldía. Fue entonces cuando tramitó la concesión de esos per misos, cumpliendo así las condiciones requeridas por el Tribunal y, acto seguido, pidió de nuevo la inejecución definitiva de la sentencia de derribo, que ahora se ha visto estimada.
Además, el Concello pagará a la demandante la cantidad de 358 mil euros en concepto de indemnización, con lo que se cierra por completo el conflicto.
Hay que recordar que además de la denuncia de una particular por la ocupación de parte de su patio de luces, había planteada otra demanda por irregularidades en el aparcamiento.
Queda, sin embargo, por resolver el problema del edificio de Arturo Pérez Serantes, al que el Concello ha declarado finalmente fuera de ordenación para evitar también el derribo de parte del inmueble, sobre el que también pesaba una orden judicial que obligaba a cortarle el suministro de agua potable y electricidad. En este caso, técnicos municipales y asesores externos buscan una solución.
La decisión, conocida hace muy pocos días en el Consistorio, permite dar carpetazo a un conflicto urbanístico y judicial que se remonta a 10 años y que amenazaba al Concello con afrontar los gastos e indemnizaciones del derribo de edificios en los que se alojan sesenta familias, un gasto que el gobierno local ya había estimado en cerca de 40 millones de euros, una cifra que hipotecaría al Concello durante muchos años.
El Tribunal Superior había desestimado ya una petición de inejecución, presentada por el anterior gobierno municipal, alegando que era imposible declarar inejecutable la sentencia de demolición que había dictado con anterioridad porque no se habían concedido nuevas licencias de obra, ocupación o apertura que permitiesen legalizar la situación de los inmuebles afectados. Cuando el bipartito accedió al poder, la orden de derribo se encontraba sobre la mesa de la alcaldía. Fue entonces cuando tramitó la concesión de esos per misos, cumpliendo así las condiciones requeridas por el Tribunal y, acto seguido, pidió de nuevo la inejecución definitiva de la sentencia de derribo, que ahora se ha visto estimada.
Además, el Concello pagará a la demandante la cantidad de 358 mil euros en concepto de indemnización, con lo que se cierra por completo el conflicto.
Hay que recordar que además de la denuncia de una particular por la ocupación de parte de su patio de luces, había planteada otra demanda por irregularidades en el aparcamiento.
Queda, sin embargo, por resolver el problema del edificio de Arturo Pérez Serantes, al que el Concello ha declarado finalmente fuera de ordenación para evitar también el derribo de parte del inmueble, sobre el que también pesaba una orden judicial que obligaba a cortarle el suministro de agua potable y electricidad. En este caso, técnicos municipales y asesores externos buscan una solución.
