El Tribunal Supremo tendrá que decidir sobre el cobro del IBI a la Iglesia católica

Rodríguez Villarino, ante el Supremo (Foto: JAVIER LIZÓN)
La Mancomunidad de municipios Santa Agueda -integrada por los concellos de Amoeiro, Coles, A Peroxa y Vilamarín, los dos primeros gobernados por el PSdeG y los otros dos por el PP- y el propio Consistorio de Amoeiro formalizaron ante el Tribunal Supremo el recurso de casación en interés de ley que habían aprobado sus plenos respectivos, todo ello contra la sentencia del Tribunal de lo contencioso administrativo número uno de Ourense que en diciembre pasado respaldó la postura del Obispado de no abonar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) por las propiedades eclesiásticas, no destinadas al culto, en esos concellos.
El recurso fue interpuesto en la sede del Supremo en Madrid por el regidor socialista de Amoeiro, Rafael Rodríguez Villarino, y la diputada Laura Seara. En declaraciones a los medios de comunicación, previas a la interposición del recurso Rodríguez Villarino explicó que solicita que 'se siente jurisprudencia' ante la diversidad de resoluciones que se han producido sobre este asunto, sin ir más lejos, otro tribunal contencioso de Ourense, el número dos, estimó la reclamación del IBI para dos fincas del Obispado en Allariz. 'Los ayuntamientos llevan desde hace muchos años con su labor de contribuir para el bien común y lo que ha ocurrido es que hay una serie de sentencias contradictorias que, debido a que no existe jurisprudencia, queremos que se siente a partir de hoy en el Tribunal Supremo', argumentó el alcalde. De este modo, su intención es que 'la Iglesia contribuya, como es su obligación, con aquellos bienes no afectos a lo que es el Concordato establecido con la Santa Sede en el año 1979. En este caso, se trata de fincas rústicas y urbanas no utilizadas y que, por tanto, tienen que contribuir como lo hacen los demás ciudadanos', concluye Rodríguez.

El recurso de casación pretende la 'correcta' interpretación de diversa legislación referente a los derechos de la Iglesia Católica y detalla las 16 propiedades para las que la Mancomunidad y el propio Concello de Amoeiro reclaman el cobro del impuesto, todas ellas fincas y rectorales, casi todas sin uso y sin que haya actos de culto en ninguna.


EL OBISPADO

El Obispado no se pronunció al respecto, aunque recientemente el obispo, monseñor Leonardo Lemos, manifestó en una entrevista a La Región que entiende que la legislación actual exime a la Iglesia del pago del impuesto en determinadas propiedades y simplemente se acoge a ese derecho.

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