URBANISMO

El TSXG duda de la legalidad del urbanismo provisional de la ciudad

Ourense. 19-05-2015. Fotos infografía. Vistas panorámicas sobre o Pino José Paz
photo_camera Imagen de la ciudad, con las torres de O Pino en primer término. A la derecha, el Miño.

El alto tribunal plantea una cuestión de inconstitucionalidad de la norma y llama a las partes a alegar en un plazo de 10 días

La ordenanza urbanística provisional de Ourense podría vulnerar la Constitución Española y, por tanto, acabar en el Constitucional; todo ello, tras plantear ayer los magistrados de la sección segunda del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia una cuestión de inconstitucionalidad en referencia al artículo 96 de la Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, el que otorga al Consello de la Xunta la capacidad para aprobar planeamientos urbanísticos pero que omite el trámite de información pública, lo que supone una infracción de varios puntos del artículo 149 de la Constitución y contradice el artículo 11.1 del texto refundido de la Ley del Suelo.

Independientemente del asunto jurídico -porque ahora deben alegar sobre esa posible inconstitucionalidad las nueve empresas, asociaciones y particulares que recurrieron contra la ordenación, más el fiscal, el Concello y la Xunta-, a efectos urbanísticos puede decirse que la más que previsible derivación de los recursos a la vía constitucional da un margen de tiempo al gobierno municipal de Ourense para intentar agilizar el Plan de Urbanismo que actualmente tramita. Así lo entiende el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, si bien reconoce que la falta de mayoría en el equipo gobernante puede frenar el proceso del nuevo PXOM, solo aprobado inicialmente.

Además, fuentes jurídicas consultadas, que dan por hecho que la ordenación provisional acabará siendo anulada, no descartan que eso pueda producirse en un tiempo relativamente breve si el Constitucional opta por suspenderla cautelarmente; o puede ocurrir que comience a estudiar el caso sin esa resolución previa, lo que ampliaría el respiro para el Concello.

Una tercera opción, que plantean otras fuentes jurídicas, podría ser la tramitación de un nuevo decreto cumpliendo el trámite de información pública, lo que está por decidir.

Con ese panorama y a la espera de que las partes aleguen en un plazo improrrogable de 10 días "lo que deseen sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad", de conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, lo cierto es que la "resolución" del Tribunal Superior de Xustiza abre, en primera instancia, una compleja cuestión jurídica. Un planteamiento que no contemplaba el gobierno municipal actual y que puede tener su origen -y eso sí lo advirtió el gobierno local anterior- en los problemas legales del planeamiento del municipio lucense de Barreiros, que vio anulada su ordenación urbanística provisional por un motivo similar.

En Barreiros, el TSXG validó esa ordenación, recurrida por una entidad inmobiliaria, pero el Tribunal Supremo declaró la nulidad de la norma, en febrero de 2014, por la falta del trámite de exposición al público, lo que privó a los ciudadanos, entendió entonces el Supremo, de participar en la elaboración de las disposiciones de carácter general. Es más, esa instancia judicial destacó que en O Grove sí se procedió, por la Xunta, a efectuar la información pública.

Asimismo, al Alto Tribunal no le pareció suficiente la argumentación de que pudiera obviarse ese trámite en casos de urgencia, manifestando, por el contrario, que este trámite de información pública ha de ser "inexcusable".

Los problemas legales de la ordenación urbanística provisional fue valorada ayer en un comunicado por la Asociación de inmobiliarias de Ourense. Su presidente, Benito Iglesias, advirtió de la inseguridad jurídica existente en el urbanismo de la ciudad, que se prolongará, dice, porque el nuevo planeamiento no se podrá aprobar antes de dos años. Culpa de todo ello a los tres últimos gobiernos locales, uno del PP y dos socialistas, creadores de políticas urbanísticas "erráticas".

También el BNG culpa a los políticos de la situación del planeamiento en Ourense, en este caso al PP, "responsable" de que el Plan de 2003 fuese declarado ilegal y anulado judicialmente. Teme ahora los cambios que pueda introducir el nuevo gobierno popular.

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