DROGA EN OURENSE

La Udyco investigó a nueve traficantes, varios en Ourense, por un anónimo

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La falta de ingresos, sus casas, el coche o reuniones con narcos de la costa levantaron sospechas

La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco II) investigó a tres sospechosos de tráfico de drogas en Ourense a raíz de una nota anónima que recibió en 2013 en la sede de Pontevedra. En esa confidencia sin remitente, se detallaba la actividad ilícita de tres supuestos narcos: Miguel Ángel Calviño; su hombre de confianza, Carlos Arturo Salazar, y Pedro Alexander Cossío.

A partir de ahí, este grupo especializado puso el foco en Ourense con una investigación secreta durante más de un año que, según se puso de manifiesto este jueves en la segunda sección del juicio seguido en la Audiencia provincial, participó la Comisaría de As Lagoas pero con un papel muy residual –en los registros de tres viviendas en la ciudad cuando se desencadenaron las detenciones y a la hora de interceptar en la oficina de Correos de A Ponte cocaína enviada desde Argentina y oculta en una revista–.

Las intervenciones telefónicas permitieron ampliar el reparto a seis personas más: los tres presuntos proveedores de la costa -Enrique Lorenzo, Abraham Díaz y Jorge Álvarez Cardoso-; dos clientes de los ourensanos para la posterior venta al por menor -José Antonio Dacal y Óscar Mira- y un supuesto socio para operaciones internacionales, el vecino de Cartagena (Murcia) Adel Darío Montoya.

El responsable de la operación explicó ayer a la sala que dio por válido el anónimo a raíz de comprobaciones y seguimientos con los que justificar ante el juez las intervenciones telefónicas. El modo de vida -"Calviño no obtenía ingresos porque era titular de una empresa inexistente en las bases de datos policiales y otra con embargos de la Seguridad Social"-; la calle en la que vivía era de renta alta -Valle Inclán-; tenía un BMW serie 5 y, sobre todo, las amistades peligrosas. Según declaró el jefe de Udyco, lo vieron entrar junto a sus colaboradores en la casa del arousano Manuel Charlín Gama en septiembre de 2013, además de reunirse en un bar con otra "conocida persona vinculada al narcotráfico". Aun así, solo solicitaron, el 13 de diciembre de 2013, escuchas telefónicas a los ourensanos "porque era Calviño y su grupo el objetivo investigado".

Este último, según precisó el testigo, tenía múltiples frentes abiertos -"era un no parar"-: no solo en Vilagarcía de Arousa y alrededores (se llegó a hablar de entregas a través del puerto de Marín) sino también en Colombia, país en el que las autoridades policiales detectaron el envío de un parapente que ocultaba 9,8 kilos (Adel Darío Montoya figuraba como remitente).

Posteriormente, las escuchas telefónicas les llevaron a los abastecedores y el resto del engranaje pese a las palabras en clave: "media caja" equivalía a "medio kilo de cocaína" (conversaciones de Enrique Lorenzo y Calviño); "23 pollos" (la bolsa con 23 dosis que Cardoso entregó a Salazar) con un policía a un metro de distancia.

El juicio que se sigue contra los nueve imputados terminará hoy con los informes de las partes. En el escrito de acusación provisional, la fiscal reclama una pena de cuatro años de prisión para cada uno de ellos, salvo para Enrique Lorenzo, para quien pide tres al aplicarle una atenuante de drogadicción. La petición también incluye una multa de 10.000 euros.


Reencuentro de los agentes investigados en dos causas penales


La segunda sesión del juicio reunió en el hall de la segunda planta de la Audiencia, en donde está la sala de vistas, a los policías que están enfrentados a raíz de la trama de la Zamburiña contra el tráfico de drogas, que curiosamente también se inició con el envío de un anónimo, pero a Asuntos Internos en Madrid. Situados a metros de distancia, dada las malas relaciones que mantienen, estuvieron Roi D.L. –investigado por el supuesto homicidio de un compañero en la propia Comisaría– y los cuatro agentes acusados en la Zamburiña, todos ellos llamados en calidad de testigos. Estos últimos mantienen, al igual que la Policía Judicial de la Comisaría, que Roi D.L. y su hermano gemelo Bernardo crearon una serie de pruebas ad hoc para que Asuntos Internos los investigara por celos profesionales. Roi D.L. fue jefe del grupo de estupefacientes y en diciembre de 2014 fue relegado por Antonio R.F. Este último, junto a tres compañeros de ese grupo, están acusados por la fiscal de tráfico de drogas por sus tratos de favor a conocidos  traficantes de la ciudad. También le imputa revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.

Roi D.L aseguró ayer que en la trama que está siendo juzgada se limitó a interceptar en la oficina de A Ponte, el 31 de enero de 2014, un paquete postal remitido desde Argentina. Contenía una revista con 11 folios impregnados de cocaína (26,67 gramos de base pura) que iban dirigidas a un domicilio de la rúa Peliquín. Por su parte, los imputados en la Zamburiña tomaron parte en los registro practicados en Ourense en febrero de 2015.  Antonio R.F. también intervino como perito en la valoración de la droga. 

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