El superintendente de la Policía Local de Ourense, Álvaro Abelardo Ulloa Pardo (65 años), investigado en la Operación Pokemon contra la corrupción política de la jueza Pilar de Lara , se despidió de sus compañeros en el día de ayer, al tiempo que recogía el despacho que mantuvo en la sede de A Ponte aun después de que María Barrera asumiera la riendas de la jefatura a finales de 2012. Y aunque a Ulloa le toca por calendario jubilarse el 18 de diciembre, adelanta su salida aprovechando los periodos vacaciones que le quedan por disfrutar.
Deja la Policía Local pero sin que su situación procesal se haya clarificado. De Lara ordenó su detención el 25 de septiembre de 2012 y tuvo que prestar fianza de 5.000 euros pero imputado por cohecho y tráfico de influencias por las supuestas contrapartidas (regalos o dinero) recibidas por parte del grupo Vendex, que gestiona el servicio de la grúa y la ORA en la ciudad.
En ese momento fue suspendido de sus funciones en las jefaturas que ostentaba desde octubre de 1987 -Policía Local y Tráfico- aunque conservó la categoría de superintendente porque le corresponde por oposición y su correspondientes honorarios -más de 5o mil euros al año-, manteniendo despacho y secretaria. Algunas voces en el propio cuerpo aseguraron durante estos años que mandaba en la sombra, aunque él y Barrera lo negaban.
Un año después de aquel escándalo, el Concello, gobernado por el socialista Agustín Fernández Gallego, le abría un expediente de información reservada por la utilización de un agente como chófer particular, que quedó en nada.
La última polémica en la que se vio implicado fue la carta enviada a la exconcejela de Ourense en Común Ledicia Piñeiro, a raíz de unas críticas vertidas en un pleno municipal sobre la gestión del cuerpo policial, que ella tildó como intimidante.
