El Concello de Ourense requerirá, ahora sí, a cinco personas que cesen en su okupación ilegal de los puestos anexos a la Plaza de Abastos que están impidiendo el correcto desarrollo de las esperadas obras de reforma de la instalación. Tras el pertinente periodo de alegaciones, los cinco okupas tienen ocho días para proceder al desalojo, "o, en caso contrario, procederemos al desalojo derecuperación posesoria de esos locales municipales", señaló la concejala de Urbanismo, Sonia Ogando.
La junta de gobierno local aprobó ayer el requerimiento oficial de abandono de la okupación, una vez que ya ha transcurrido el periodo de alegaciones, después de haber lanzado el requerimiento el pasado 18 de junio y haber dado un plazo para que los interesados realizasen alegaciones.
Más okupas
Esta situación se ve agravada por que si hace tres semanas eran cinco las personas que okupaban el recinto, ahora podría haber doblado la cifra, según la información llegada a la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos, desde donde ven un "despropósito" la situación, según señala su presidente, Emilio González.
Las obras siguen paralizadas, ya que después de retirar los operarios todos los puestos, siguen estos atrincherados en tres: los número 36, 37 y 42. Hace tres semanas eran seis los puestos a los que se daba requerimiento de desalojo.
Este apercibimiento que realiza eel Concello, que vencerá en 8 días, supone que se tomarán "las medidas necesarias" para recuperar la posesión, amparándose en el capítulo VII del título IV de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas., que incluye la "ejecución forzosa", es decir, el desahucio.
En este sentido, si no cumplen el requerimiento formal, la Abogacía consistorial solicitará autorización judicial del Juzgado del Contencioso Administrativo para que los funcionarios municipales competentes puedan acceder a estos locales para recuperar su posesión.
Las obras de la Plaza de Abastos se iniciaron a principios de marzo es aún con nuevo okupas en la zona, que aseguraron en todo momento que no se moverían hasta no tener una orden judicial, que es la que ahora busca el Concello. Siempre han insistido en la necesidade de "alternativa" al carecer de vivienda y vivir en una situación precaria. Algunos se fueron marchando con el paso del tiempo, y llegó a haber solo cinco "residentes", si bien en las últimas semanas se incrementó el número de personas en la zona.
