La escombrera en que se ha convertido la parcela entre La Asunción, Otero Pedrayo y la residencia universitaria empezará a cambiar de aspecto en los próximos días. La junta de compensación propietaria de los terrenos del polígono ubicado en la zona 4 del SU25 tiene todo listo para poner en marcha unos trabajos que han estado paralizados durante los últimos tres años por los problemas derivados con un expediente para que el Concello otorgase a los promotores, que tuvieron que redefinir su petición, una concesión administrativa para utilizar parte del subsuelo público como zona de paso para los garajes de las viviendas que se prevé construir.
A finales de mayo, el gobierno municipal daba luz verde al acuerdo que otorga la concesión, que implica el abono de 150.000 euros en cuestión de canon por parte de la junta de compensación, que se congratula del desbloqueo de la situación, responsabilizando en todo momento de la parálisis al Concello. Para anunciar el inicio de la actuación, ya han colocado los carteles de inicio de obra, que será ejecutada por las constructoras Orega y DFR.
En el momento de presentar la solicitud para utilizar el subsuelo público, el abogado de la junta de compensación, Antonio Feijóo Miranda, explicaba que los promotores tienen diseñada una inversión de unos 29 millones de euros "contando con la urbanización de los terrenos y la edificación, que además suponen 13.000 metros cuadrados de espacios libres y jardines". Como es preceptivo, la actuación supondrá también la cesión de terreno al Concello para la construcción de vivienda protegida de promoción pública.
Vía judicial
"El desbloqueo de la concesión posibilitará la reanudación de las obras de urbanización, así como las de construcción de los bloques de edificios", indica Feijóo Miranda, recordando que la junta de compensación ya llevó a cabo la urbanización del entorno de la residencia universitaria.
El letrado alerta, no obstante, que "pese a que se hará todo lo posible por urbanizar con la mayor rapidez", la actuación proyectada está también a la espera de la Justicia, ya que se ha recurrido la desestimación del primer proyecto de concesión del subsuelo presentado para habilitar los garajes, que abarcaba más terreno para hacer dos entradas y dos salidas.
"Recibió todos los informes favorables de los técnicos municipales a excepción del interventor, que se inmiscuyó en materias absolutamente ajenas a su competencia", explica Feijóo Miranda, interesado en tener una "buena sintonía" con el nuevo equipo de gobierno. "Le ofrecemos la máxima colaboración para consensuar actuaciones, porque la ciudad no puede permitirse perder inversiones de este calado y han de adoptarse todas las medidas para agilizar trámites", expone Feijóo Miranda, que ve "vital" este proyecto, que debe cambiar la cara a una zona ahora en un lamentable estado.
La Xunta analiza si el interventor municipal cometió faltas graves
El abogado de la junta de compensación del polígono, Antonio Feijóo Miranda, ha decidido también personarse por este caso en la tramitación de un expediente disciplinario contra el interventor municipal, Gonzalo Alonso, un procedimiento abierto por el anterior gobierno municipal en el que le atribuye la comisión de varias faltas graves en el ejercicio de su cargo, entre ellas en lo que tiene que ver con la concesión del subsuelo público para construir los garajes de las viviendas de la urbanización.
"Nos hemos personado para exigir responsabilidades a las que haya lugar por las demoras inadmisibles y la emisión de informes absolutamente contradictorios y ajenos a las competencias que le son propias", expone Feijóo Miranda, que acusa al interventor en su escrito ante la Dirección Xeral de Administración Local de "pese a sobrepasar el plazo para informar, pedir informes complementarios, apreciándose no solo mala fe, sino la clara conciencia de ser falsa la afirmación que contiene en cuanto a la supuesta ilegalidad de la licencia para la construcción de los espacios concesionales".
El letrado expone en su argumentación también que "como el informe no fue de su agrado, se aparta sin rubor de sus conclusiones, evidenciando su premeditada intención de provocar la frustración de la aprobación del proyecto de concesión".
Feijóo Miranda asegura que el interventor tampoco cumplió los plazos para informar sobre las alegaciones a la concesión, insistiendo en la necesidad de depurar responsabilidades.
