Incluye 21 parroquias ourensanas en la busca de la declaración como Patrimonio de la Humanidad
21 parroquias de seis concellos ourensanos y 40 de ocho concellos lucenses figuran en el mapa que el Valedor do Pobo presentó en el plenario del Consorcio de Turismo Ribeira Sacra. El documento, elaborado por un equipo de técnicos de las tres universidades gallegas y financiado por las diputaciones de Lugo y Ourense -20.000 euros, cada una-, es una propuesta que será remitida a la Dirección Xeral de Patrimonio para su aprobación. En ella se precisa el territorio que delimita la candidatura de la Ribeira Sacra para su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
De los ocho concellos ourensanos que participan en el Consorcio, seis tienen territorio afectado. Según la propuesta del Valedor, son seis parroquias del concello de Castro Caldelas, cinco de Parada de Sil, una de A Teixeira, cuatro de Nogueira de Ramuín y una de A Peroxa. El mapa precisa distintas zonas de protección y se ha elaborado sobre parcelas. Tanto los particulares como los concellos afectados podrán realizar alegaciones en la fase pública del proyecto, según recordó César Parente, alcalde de Nogueira y anfitrión ayer de la reunión. El propio Consorcio subraya en una nota de prensa que "tan só é un borrador e que en ningún caso é algo invariable. Haberá unha proposta final que se dará a coñecer cando os traballos estean máis avanzados".
Esgos y Montederramo, los otros dos concellos ourensanos que participan en el Consorcio, sólo verán afectados los conjuntos de San Pedro de Rocas y Santa María de Montederramo, dos "islas", en la terminología de la candidatura.
Los criterios que se tuvieron en cuenta para incluir a cada parroquia en la zona que deberá estar protegida fueron que éstas tengan "una parte de su territorio dentro de los cañones del Miño y del Sil o en sus bocarriberas" y que, además, cuenten "con laderas transformadoras para el cultivo de la vid". No informa el Consorcio de la superficie incluida en la propuesta del Valedor.
Por otro lado, el informe jurídico encargado a la Xunta concluye que el Consorcio podrá seguir funcionando bajo esta figura, entre otras cuestiones, por no haber generado déficit en su actividad durante los últimos años.
