Los tres magistrados que juzgaron al clan de los Madriles la pasada semana por retener a una joven de 25 años durante 19 días refrendaron la historia de crueldad y horror que relató la denunciante en un escenario que no dudan en calificar de "impío y despiadado": no solo estuvo oculta entre el 7 y el 26 de enero del pasado año en el número 2 de la calle Dalia, sin permitírsele salir de la vivienda o sus alrededores, a donde llegó "mediante engaño" de la mano de Javier Gabarri Jiménez (41 años), con quien previamente había tenido una cita en un hotel, sino que este último "la obligó a mantener todos los días relaciones sexuales con penetración y contra su voluntad" sin posibilidad real de huir. Para ello, se valió de "una conducta violenta y agresiva", acompañada de continuas palizas que le provocaron heridas por todo el cuerpo, además de "plurales actos vejatorios". La amenazaba con tirarla a un pozo de la finca o con matarla si oponía resistencia o se valía de un cuchillo. Y la apuntó con una escopeta "por negarse a realizar felaciones". El estado de pánico en el que vivía, reconocen los jueces, "la llevó a orinarse encima en alguna ocasión".
Durante el tiempo que duró la retención, el procesado, que ejercía "sensible poder de dominación sobre padres y hermanos", contó con la colaboración de su familia para controlar los movimiento de la víctima y evitar que escapara. Además, fue humillada y vejada "obligándola a beber alcohol, a consumir drogas y a ingerir sus vómitos, cortándole el pelo contra su voluntad, a bañarse en agua fría y no permitiéndole comer al considerar que estaba gruesa". También se sirvió de actos violentos para que retirase dinero de sus cuentas bancarias.
La condena de la Audiencia, que impuso 20 años de prisión al principal inculpado -el fiscal reclamaba 17- y dos años y medio para sus padres y tres hermanos como cómplices de la detención ilegal, será recurrida en apelación ante el TSXG, según anunció Ruth González, la abogada de la acusación particular. Considera que las penas deben sumar más y contemplar los delitos de amenazas y lesiones. Ella había pedido 42 años y medio para Javier, 13 para la madre y 8 para el resto del clan.
Sabor agridulce
La propia perjudicada conoció el fallo mientras comía con un familiar en un restaurante, tras una mañana más o menos tranquila recogiendo setas. Acababa de terminar la tarta de galleta especialidad de la casa cuando se enteró "por la web de La Región". La sentencia le dejó una sabor agridulce en la boca. Por un lado, la alegría de ver que los jueces creyeron a pies juntillas su versión, aunque era algo con lo que ya contaba porque "policías y médicos estaban a mi favor", pero las penas no le convencen, sobre todo la impuesta al resto del clan. "Dos años y medio es poquísimo porque tanto yo como mi familia estamos en peligro si ellos están en la calle", asegura.
Para la denunciante es importante que la Audiencia se haya pronunciado. "Por fin sabe todo el mundo que yo no mentía y la gente que me juzgó tendrá que callar la boca", valoró. Además, añade, es una forma de honrar a mi familia".
A partir de ahora, enfatiza, "Javier Gabarri no es un presunto violador, es un violador"
Testimonio digno de crédito
El testimonio de la víctima, según el tribunal, fue "claro, reiterado, concluyente y digno de crédito", desde la interposición de la denuncia hasta el plenario, a la hora de relatar "el calvario personal padecido". Todo ello, teniendo en cuenta a lo que se arriesgaba, ya que -recuerdan los magistrados- las denuncias de hechos tan graves pueden ir acompañadas de represalias. Sin olvidar que su versión fue "corroborada por las pruebas documentales, periciales y testificales practicadas", incluyendo la versión de Ana Jiménez (madre de Javier Gabarri), quien llegó a confesar que su hijo no dejaba salir de casa a la joven.
En cuanto al aspecto menos claro de cómo llegó a la calle Dalia, la sentencia no pasa por alto el "estado deplorable" de la joven cuando fue entregada en la comisaría por la madre del clan el 26 de enero de 2018. A la sala le parece justificable que pudiera incurrir en contradicciones y que no recuerde cómo llegó allí.
La privación de libertad por parte de Javier Gabarri tenía, a juicio de la sala, un triple objetivo: "Saciar su deseo sexual , obtener dinero de la cuenta bancaria de la joven a través de los cajeros a los que la conducían y forzarla a acompañarlos a pedir limosna y robar casas".
La Audiencia no tiene en cuenta los vídeos aportados por la defensa de Javier en los que ella canta y baila. No descarta, examinadas las grabaciones, que estuviera bajo los efectos de los tóxicos y el alcohol que le obligaban a ingerir. Hay que tener presente, añaden los togados, que estaba siendo amenazada y que, tal y como relató, tuvo que hacerse su amiga para sobrevivir.
Las condenas
La Audiencia provincial de Ourense lo ha condenado a cinco años por detención ilegal, 13 por agresión sexual continuada y agravada y 18 meses por trato degradante. Prohibición de comunicarse y aproximarse a la perjudicada durante 23 años. Deberá abonarle una indemnización de 8.855 euros por los perjuicios personales y las secuelas, así como 12.000 euros más por el daño moral que le causó.
