MIGRACIÓN - VENEZUELA

Los venezolanos confían en que no haya expulsiones de los "irregulares"

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photo_camera Una de las protestas de la comunidad venezolana, frente a la Subdelegación del Gobierno.

Las peticiones de asilo apenas tienen respuesta pero, aun con muchas trabas, muchos llegan de turista y se quedan a vivir

La llegada de emigración de personas de nacionalidad venezolana sobrepasa ya los lazos familiares. Cada vez llegan más personas en forma irregular a toda España y, con especial incidencia, a Ourense, por la histórica unión entre la provincia y Sudamérica. Así lo atestiguan las estadísticas oficiales, ya que pese a que se contabilizan casi 5.000 venezolanos en la ciudad y se estiman más de 10.000 en la provincia, las cifras oficiales hablan de 4.542 venezolanos en el padrón.

La situación de irregularidad es patente en muchos de los casos, habida cuenta de que, como reconocía el presidente de Alma Llanera, Lorenzo González, "cada vez llegan más venezolanos a Ourense sin ningún tipo de lazo familiar". Con ello, en muchos casos piden asilo político, pero como comentan desde la sede de la Federación de Venezolanos de Galicia (Fevega) "no se está concediendo condición de asilados".

La comunidad venezolana, sin embargo, no teme expulsiones, como así lo transmiten a los recién llegados, recalcando que eso siempre ha de ir acompañado de un comportamiento cívico. "A no ser que se cometan delitos, no hay constancia de que se esté deportando a nadie", reconocen juristas del colectivo.


Sin problemas


De momento, las formas de residir de forma legal en Ourense para los que no tienen nacionalidad española por ser retornados o descendientes de estos son tres: mediante la conocida como "tarjeta roja" , por una carta de invitación de alguien con permiso de residencia aquí o con la obtención del permiso de residencia, bien por arraigo familiar o por arraigo social.

Al primer caso es al que están recurriendo muchos de los que llegan con la petición de asilo político bajo el brazo, casi medio millar a lo largo de este año. Tiene una vigencia inicial de seis meses pero que no permite trabajar, aunque sí acceder a la sanidad o abrir cuenta bancaria.

Esta "tarjeta roja", denominada así por su color, es un documento identificativo que acredita la condición de solicitante en tramitación de protección internacional. Así, mientras no se resuelve el asilo, casi siempre negativo, sí que se les concede esta especie de "asilo temporal".


Recomendaciones


En todo caso, desde la asociación, recomiendan no hacer uso de la misma a los que tengan intención de quedarse. "El problema es que cuando la solicitas tienes que renovarla cada seis meses y te la podrían denegar llegado el caso", recalcan quienes asesoran a diario a este colectivo. Así, por lo que opta la gran mayoría es por llegar con visado de turista –que dura tres meses–y quedarse a vivir. "El problema es que no se puede trabajar, ya que es necesario el permiso de residencia", confiesa uno de los que asegura estar en situación de irregular, desde hace casi dos años.

Ese es otro de los puntos de conflicto. Pese a que muchas personas con nacionalidad española están trayendo a esposos o esposas, han de hacer un importante esfuerzo, que es el de acreditar que disponen de medios de vida suficientes para atender su manutención "En la Subdelegación tienes que demostrar que cuentas con dinero para mantener a esa persona. Entonces es cuando te dan el permiso de residencia", relatan.

Según los casos que atienden en la oficina para asesorar al venezolano, constan casos en los que, por ejemplo, han tenido que demostrar cantidades como 18.000 euros para poder regularizar a tres personas de la familia, o incluso cantidades que llegan a los 30.000. 


"Soy irregular, pero no soy delincuente"


Uno de los objetivos es sobrepasar los tres años de residencia en Ourense. Así lo confiesa uno de los venezolanos que lleva dos años viviendo en la provincia, después de haber entrado como turista. "Lo primero que hay que hacer es empadronarse, para poder demostrar después el tiempo que has vivido acá", explica. 

En su caso, no ha podido trabajar en "A", y sigue esperando a cumplir su tercer año aquí. Cuando lo haga, y certificando que tiene una estancia de tres años, "ya reconocen el arraigo social o familiar", por lo que pueden acceder al permiso de residencia.  Son conscientes, porque lo hablan con otros compatriotas, de que "no están expulsando a nadie, ni aquí ni en otros sitios de España", por lo que están en relativa calma. "Sé que no me va a pasar nada porque llevo una vida tranquila. Pero al que delinque, normal que lo echen fuera", asume este venezolano en situación irregular, que señala que tiene cuenta de ahorros e incluso un seguro privado "para poder asegurar la atención médica, aunque en la sanidad pública atienden igual". 

 En caso de que el Gobierno tuviese intención de echarlos, el procedimiento pasaría por enviar una notificación para conceder un plazo para marcharse del país, pero los asociados venezolanos no conocen ningún caso sucedido hasta ahora.

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