La pandemia ha impulsado los juicios telemáticos en Ourense. Solo es necesaria la presencia física del acusado en las vistas con penas de prisión de más de cinco años. El Supremo, ya en 2019, antes de la llegada de la covid-19, estableció la equiparación entre la declaración virtual con la efectuada mediante presencia física al entender que no mitiga las garantías del interrogatorio. En Ourense, por falta de medios técnicos adecuados, no fue posible la celebración íntegra de un juicio por videoconferencia hasta que llegó la covid y aceleró el proceso de digitalización.
En la jurisdicción penal, en donde se juzgan los delitos menos graves, cada vez son más frecuentes, aunque no exentos de contratiempos porque la videoconferencia no siempre es posible a la primera. A veces, ni a la segunda. La titular del Penal 1 lo comprobó ayer para su propia desesperación: a las 09.20, con la puntualidad británica de la que siempre hace gala, ya estaba en sala y no fue posible iniciar la vista por el intento de robo en un almacén de joyería de la ciudad hasta las 10,28. Tres de los cuatro acusados -uno plantó la citación- comparecieron de forma virtual. Dos de ellos desde el despacho de su letrado en Madrid; otro desde la cárcel de Estremera, asistido por su abogada pero desde la oficina. Esta última lo tuvo complicado para entrar a través de la plantalla de plasma en la multiconferncia y también se resistió la videollamada desde el centro penitenciario.
En total, hubo cinco videoconferencias con el juzgado ourensano. Había otra más prevista con León pero se frustró y las partes acabaron renunciando. La vista comenzó con tres conexiones simultáneas desde distintos escenarios de Madrid y dos posteriores para enlazar con la sede policial de la UDEV central, especializada en robos cometidos por bandas organizadas, y otra con Asturias para dar cabida a la perito que examinó la huella encontrada en un envoltorio plástico en el exterior del almacén.
PREFERENCIA
La vista arrancó a las diez y media y la magistrada dio preferencia a los testigos que viven en Ourense, a quienes explicó los motivos de la tardanza: todos ellos autónomos que en horario laboral acuden al juzgado y que, según la togada, hasta se ven abocados a cerrar sus negocios para breves declaraciones. En este caso, para ratificar las facturas de los desperfectos ocasionados por los ladrones y que ascienden a 7.670 euros.
Ninguno de lo acusados, Antonio Isaac L.G., Enrique C.G., Manuel S.T. y Jonathan R.G. -este último en ausencia-, reconoce que estuvo en Ourense para dar el gran golpe en un negocio de joyas. Pero agentes de la Policía Nacional especializados en el crimen organizado que se dedican a investigar grandes robos los reconocieron a través de las imágenes que captaron alguna de las ocho cámaras de videovigilancia que había en el negocio. Los ladrones intentaron anularlas -hasta rociaron una con un spray- pero el sistema de seguridad estaba bien pertrechado. Y, aunque cortaron los cables del sistema de alarma, el dueño recibió una alerta antisabotaje y acudió rápidamente al local. Al llegar, según dijo, no había nadie pero se percató de los destrozos ya que los delincuentes manipularon el bombín de la puerta de acceso y fracturaron la cerradura de la segunda puerta de cristal de seguridad. Según sostuvo el denunciante, los autores entraron a las once de la noche del sábado 19 de octubre de 2013, actuaron rápido y se fueron porque “se supone que iban a volver el domingo tras quedar anulados los sistemas de seguridad”.
Ninguno de los inculpados reconoce el delito. No estuvieron en Ourense y tan siquiera se conocen. Ahora bien, la UDEV dice que todos son conocidos delincuentes en Madrid ligados al crimen organizado itinerante
