Las ayudas a autónomos y pymes impulsadas por la Diputación de Ourense –ya entregadas a 4.500 ourensanos– continúan en el foco. Después de que la Abogacía del Estado archivase la investigación impulsada por el líder provincial del PSOE, Rafa Villarino, este da el siguiente paso y anunció ayer el recurso al Contencioso administrativo para investigar sus bases reguladoras. El presidente provincial, Manuel Baltar, lamenta esta decisión: "Es una auténtica barbaridad, una tropelía más contra Ourense que busca hacer daño miles de personas".
El sector empresarial muestra desacuerdo con esta postura adoptada por villarino que suma más incertidumbres
Villarino se rodeó del grupo socialista provincial para anunciar esta decisión, minutos antes del comienzo de pleno en la Diputación, basada, según él, en el dictamen de la Abogacía del Estado en el que apuntaba, según el socialista, a que "carecen de informes preceptivos e vinculantes". Por ello se dirige ahora a la justicia porque considera que "poderían incorrer en ilegalidade e ter incluso responsabilidades persoais".
Esto vuelve a poner en vilo las subvenciones otorgadas a miles de autónomos en los municipios de menos de 20.000 habitantes, que buscaron en ellas un modo de coger impulso en la reactivación de su actividad. Villarino aseguró a estos beneficiados que "poden estar tranquilos, xa que non terán que devolver as axudas".
“Teránnas que devolver"
Esta afirmación tuvo respuesta durante el pleno, donde el portavoz de Democracia Ourensana, Miguel Caride, señaló que "se declaran a súa nulidade, terannas que devolver". El socialista había recalcado que "sempre immos defender que o diñeiro público se reparta de xeito legal" y por ello, según él, presentó en un primer momento a través de un requerimiento verbal ante la Subdelegación, una revisión que fue archivada el pasado 15 de julio. Villarino incide ahora en que los autónomos fueron empleados "como ferramenta electoral do PP para atacar ós socialistas", dejando claro que ellos están "a favor das acudas a autónomos".
Baltar recuerda que la puesta en duda sobre la legalidad de las ayudas es "un caso único en el territorio español", al que ahora se le suma un recurso por lo contencioso "inédito": "Es un escalón más en esa deriva errática de quién se convierte en el enemigo de Ourense", comenta el presidente.
Representantes del mundo empresarial también reaccionan ante esta decisión de Villarino, con la que muchos de ellos, explican, pueden salir perjudicados. "El recurso es una mala noticia y hay que ser consecuentes con lo que se hace porque esto no es una cuestión política ", comenta Marisol Nóvoa, presidenta de la CEO, quien opina que el archivo de la causa "debería ser motivo para desistir". David Martínez, como presidente de los autónomos de la provincia, comenta que es una medida "desacertada" que complicará más la situación de este sector: "Estamos cansados porque pelean por temas que no tienen que ver con lo que se viene encima", afirma.
Mientras, la Federación de Comercio Provincial, que aúna a un gran número de autónomos ourensanos, lamenta este anuncio: "Estamos atravesando un momento delicado en la que estas polémicas sobran", señala su presidenta, Beatriz Gómez.
Una decisión que se trasladó al pleno de la diputación
Los otros grupos políticos de la Diputación se enteraron de la decisión de Villarino en el pleno provincial. El socialista también solicitó en la sesión que se le permitiese compatibilizar su trabajo en la UVigo con la Diputación, algo que rechazaron PP y DO: "A súa carreira política chegou ao fin e quere cubrirse as costas", señaló Rosendo Fernández, vicepresidente provincial, quien le pidió que se "adique ao que se ten que adicar na Deputación e non a facer requerimentos verbais dende a porta da Subdelegación". Por otro lado, el portavoz nacionalista, Bernardo Varela, calificó estas desavenencias como "unha pelexa entre os grupos de goberno e o PSOE" por unas ayudas que, en cuanto a la cantidad, considera "bastante escasa". Varela consideró más factible poner en marcha "medidas que lle permitan seguir o seu traballo".
Las reacciones también llegaron por parte del grupo de Democracia Ourensana a través de Miguel Caride, que destacó la resolución de la Abogacía del Estado: "Nas axudas non hai colisións de competencias con outras administracións". La decisión de recurrir la definió como "unha tomadura de pelo aos autónomos e á cidadanía". Los socialistas presentaron una moción para crear un fondo extraordinario por valor de 16 millones para ayudar a autónomos y pymes –rechazado argumentando una falta de presupuesto de la Diputación–, ante lo que reaccionaron los diputados populares y de DO: "Estas serían legais e as outras non, só porque son doutro partido", reflexionó Caride.
